‘Cogobernabilidad’ en cárceles: un invento mexicano

Me acuerdo que era 2015 cuando entré al Cereso 1 de Chihuahua Aquiles Serdán. El reclusorio estaba impecable y en ese momento los Ceresos de Chihuahua eran, para el Gobierno federal, un ejemplo de cómo sí se podía combatir el autogobierno dentro de los reclusorios.

Entré al dormitorio 1 donde habitaban las personas privadas de la libertad acusadas por el delito de secuestro. En ese momento se aprobó una ley que determinaba que las y los secuestradores debían estar en módulos separados del resto de la población. Una ley completamente populista e inútil, pero ese es otro tema.

Me trajeron a un interno para platicar, mi primera pregunta fue lo que mi lógica me decía: “¿Extrañas la libertad de la ingobernabilidad en este reclusorio?”. Su respuesta me sorprendió y le dio un giro muy distinto a lo que creía que querían quienes estaban en prisión: drogas, alcohol, prostitución, y ausencia absoluta de disciplina. Me contestó: “Señorita, llevo 14 años dentro de este reclusorio durmiendo con un arma abajo de mi almohada sin saber si voy a despertar el día siguiente. Doce años desde que no veo a mi familia en persona, ya que traerlas sería arriesgar su vida o que se cobren deudas con mis hijas”. Nunca lo había pensado así.

En México básicamente tenemos dos tipos de penales: los autogobernados y los que tienen cogobierno. La “cogobernabilidad” es un invento mexicano. Implica la coordinación entre las autoridades con las personas privadas de la libertad (o el grupo delictivo en mando) para poder mantener el orden dentro de un centro. Esto es una locura, ya que es aceptar que las autoridades negocian con la delincuencia para poder establecer orden dentro de los centros. Un escándalo.

El año empezó recio en el norte del país. En Chihuahua hubo una fuga de 30 personas incluyendo un sujeto prioritario en materia delictiva. Los medios estuvieron encima de Chihuahua como si fuera el único penal en México con celdas VIP, manufactura de droga, fugas, toma de rehenes, sobrepoblación, presencia de armas largas y asesinatos. Unos días después, en Culiacán, se detuvo a un sujeto prioritario y dentro del penal se escucharon detonaciones.

Los penales son en México la caja chica para algunos gobiernos y el obstáculo político para otros. Los motines cobran relevancia un par de días y luego llega una nota nueva y las y los gobernadores respiran de que el caos esté en otro estado. Les falta entender que una política penitenciaria adecuada dentro de los estados disminuye drásticamente la cantidad de delitos de alto impacto en las calles. ¿No me creen? Ahí están las cifras de Nuevo León: disminución del 54 por ciento de delitos de alto impacto al cierre del penal de Topo Chico; de Chihuahua: disminución del 60 por ciento de delitos de alto impacto tras la toma de control de los penales en el 2012 y Coahuila, que recuperó el control de Piedras Negras, donde tenían una fosa humana y de donde viene el famoso criminal conocido como “El Pozolero”.

Lo que pasó en el Cereso 3 de Ciudad Juárez no será el primero ni el ultimo motín o fuga de este año. Los estados se felicitan cuando alcanzan arriba de seis en la calificación anual que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mediocridad absoluta. Lo ocurrido en Ciudad Juárez al principio de año es un ejemplo de cómo en este país los políticos priorizan sus carreras políticas y no necesariamente las necesidades del pueblo. Y esto no es excluyente de Chihuahua.