Hace apena unos cuantos ayeres, en febrero de 2022, inmersos en el contexto de la mal lograda reforma eléctrica impulsada con inusitado entusiasmo desde la principal oficina de Palacio Nacional, el Presidente de las y los mexicanos lanzó severas críticas a la empresa energética Iberdrola y, por supuesto, a sus ejecutivos. El mandatario insinuó que la referida compañía cometió diversos actos de corrupción en México al amparo de antiguos gobernantes; ello, en franca referencia al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Bajita la mano, el titular del Ejecutivo tildó a los directivos de Iberdrola de cómplices del conservadurismo, al tiempo que los acusó de montar una campaña mediática en su contra, entre otras menciones nada halagadoras.
Pero como el tiempo es buen amigo y sabe desengañar –sabia frase utilizada recurrentemente por don Héctor–, las aguas volvieron a su cauce. Lo que antes era desprecio se convirtió en cercanía; los incisivos ataques se transformaron en cordial diálogo y la empresa calificada como corrupta por las huestes del actual régimen pasó a ser su aliada. Ante la nueva y mejorada relación entre el Gobierno de la República y la compañía energética española, el primero se comprometió a comprar a la segunda nada menos que trece centrales de generación de energía eléctrica que venían operando en nuestro país; ello, tras desembolsar la friolera de 6 mil 100 millones de dólares.
Al hacer el anuncio correspondiente, el Presidente afirmó que la adquisición significaba el rescate de la CFE, pues permitiría a la paraestatal convertirse en el mayor productor de energía eléctrica en el país. Pero no solo eso, el jefe del Estado Mexicano aseguró que la compra de las plantas a Iberdrola representaba una nueva nacionalización de la industria eléctrica.
Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. En una esquina, los bienquerientes del régimen saltaron de inmediato a la palestra aplaudiendo la compra al garantizar la consolidación de la CFE como empresa rectora del sistema eléctrico nacional; todo ello en beneficio de los hogares y empresas mexicanas, ya que –según dicen– las tarifas de energía eléctrica se mantendrán a costos accesibles. En la esquina contraria, algunos especialistas como el IMCO y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado cuestionaron la operación comercial y afirmaron que la mentada adquisición no representa la nacionalización de la industria eléctrica, simplemente porque los recursos utilizados para la compra provienen de un fideicomiso privado custodiado por México Infrastructure Partners (MIP), en el cual participa el Fondo Nacional de Infraestructura; es decir, la gestión del referido fideicomiso e incluso la propiedad de las centrales eléctricas adquiridas se mantendrán en el ámbito privado. En cualquier caso, la CFE no estaría incrementando su participación real en el mercado de la energía eléctrica. Además, la adquisición representa presiones al presupuesto y los recursos utilizados deberían aprovecharse en rubros de mayor rentabilidad económica.
Ante la guerra de información en uno y otro sentido, la pregunta obligada es: ¿Quién gana con la compra de trece centrales de generación de energía eléctrica que ya venían operando en nuestro país? El entramado financiero se antoja complejo, pero nos lleva a una conclusión clara. Desde hace años, Iberdrola ha buscado deshacerse gradualmente de las plantas eléctricas que representan emisiones de gases con efecto invernadero; ahora bien, casi el 80 por ciento de las centrales instaladas en México pertenecientes a la compañía de marras compartía tal característica.
En tal escenario es preciso aclarar que 12 de las 13 plantas vendidas a nuestro país son de ciclo combinado, es decir, generan energía eléctrica a partir de la combustión de gas natural y vapor; tan sólo una de ellas produce energía eólica. Como si fuera poco, el gigante español anunció que los ingresos obtenidos por la venta de las centrales en México se reinvertirán en Estados Unidos y, por supuesto, serán utilizados en la construcción de modernas plantas de energías renovables. Dicho de otra forma, las y los mexicanos pagaremos a una empresa extranjera una cantidad importante de recursos para que esta los invierta en otro país; dinero que, por cierto, se consiguió gracias a la enajenación de activos que la mencionada compañía ya no quería.
Aquí en confianza, si la millonaria compra a Iberdrola no significa una nueva nacionalización de la industria eléctrica mexicana y tampoco se abona de forma alguna en el fortalecimiento de la soberanía energética del país, ¿al menos se logrará el objetivo de no incrementar las tarifas de energía eléctrica a favor de las y los mexicanos? Veremos y diremos.
Nota. Lo antes expuesto representa la opinión personal del autor
