Con recursos públicos, 23 escoltas cuidan de exfuncionarios
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Esta semana ocurrió el lamentable fallecimiento de tres escoltas del fiscal Gerardo Márquez Guevara, quien ha asegurado que lo ocurrido no es de ninguna manera un atentado, sino que se trató de un acumulamiento de gas que ocasionó una explosión.
Sin duda es lamentable la muerte de los escoltas.
Pero a propósito del tema, ¿sabía usted que hay 23 agentes de seguridad del Estado asignados como seguridad personal a exfuncionarios de la entidad? Sí, escoltas para exfuncionarios pagados con recursos públicos.
En 2009, en tiempos del exgobernador Humberto Moreira, se adicionó unas líneas al artículo 186 de la constitución Política del Estado de Coahuila, para obligar al Estado a proveer “de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los Gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de seguridad pública y procuración de justicia”.
Los gobernadores, dice el artículo, “gozarán de seguridad durante el tiempo de su ejercicio y una vez concluido de manera vitalicia. Los demás funcionarios tendrán la seguridad asignada durante el tiempo de su cargo, así como un periodo igual después de concluido, siempre que las circunstancias no ameriten un periodo mayor”.
Por cargos relevantes de seguridad pública uno pensaría que se trata al menos de procuradores (o fiscales), secretarios de seguridad y secretarios de gobierno.
Después de haber ganado parcialmente un recurso
de revisión de la solicitud de información con folio 050096900013621, resulta que hay 23 elementos de seguridad del Estado asignados como seguridad personal a exfuncionarios del Estado.
La respuesta omite, “por cuestiones de seguridad”, a quién están asignados esos escoltas.
Bajo el amparo del artículo 186, los exgobernadores Humberto Moreira, su hermano Rubén Moreira y hasta Jorge Torres, preso hace meses en Estados Unidos, podrían hacer válido el artículo y tener escoltas pagados por usted y yo.
El exprocurador Jesús Torres Charles ya no tendría derecho. Jorge Luis Morán, exsecretario de Seguridad al inicio de la administración de Rubén Moreira, y a quien se le fugaron 129 reos del penal de Piedras Negras, ya no tendría derecho por el corto tiempo que estuvo; y aparte ya brincó a Morena. También estuvieron poco tiempo al frente de la secretaría de Seguridad o comisión de Seguridad, José Gerardo Villarreal Ríos, Ricardo Aguirre Cuéllar, Hugo Eduardo Gutiérrez y Cristian Méndez Recio.
Si se cumple aquello de que tendrán seguridad asignada durante el tiempo de su cargo y un periodo igual después, ninguno ya tendrá derecho por el poco tiempo que pasaron en el puesto.
En cuanto a secretarios de Gobierno, Víctor Zamora ya falleció. Y con más de cinco años del actual gobierno, el exsecretario de Gobierno, Armando Luna Canales, tampoco tendría ya derecho porque, creo yo, las circunstancia ya no lo ameritan.
El exprocurador Homero Ramos Gloria ocupó el cargo cinco años, por lo que quizá todavía tenga acceso a escoltas o esté en sus últimos meses.
AL TIRO
El meollo del asunto es que a no ser que se les haya extendido el tiempo de asignación de seguridad personal a alguno de los nombres ya mencionados, o que también se les haya asignado a otros perfiles con menos reflector como exdirectores de Ceresos o de corporaciones policiacas, a quienes están asignados esos 23 agentes son a exgobernadores porque ellos los tienen de forma vitalicia.
¿Entonces, qué le parece, estimado lector, que exgobernadores como Jorge Torres o Humberto Moreira sigan teniendo escoltas pagados con recursos del erario?
¿Será que algún legislador o legisladora se atreva a modificar ese artículo de la Constitución?
