El reto de combatir la extorsión en año electoral

Muy relevante la reunión de la Presidenta con los mandatarios locales del país para concertar las acciones para combatir al crimen en el marco del Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Seguramente la recomendación del encuentro vino del secretario Omar García Harfuch, producto del diagnóstico de que la extorsión crece y afecta a la población por el contubernio de las autoridades locales y municipales con los criminales. La extorsión, precisamente por la falta de combate al crimen organizado, se volvió un negocio más de los delincuentes y la actividad criminal más rentable. El narcotráfico es de nicho, requiere una compleja y costosa logística; mientras que la extorsión es horizontal y está allí mismo, sólo necesita intimidar, recaudar y alguna acción violenta ejemplar para amedrentar a los pagadores.

Los gobiernos locales son clave en su combate; el problema es que muchos se volvieron parte implicada junto con autoridades municipales. La extorsión significa grandes cantidades de dinero que no ingresan a la formalidad de la cuenta pública, se convierten en fuente de enriquecimiento del gobernante y se utilizan para fondear el gasto político y las campañas.

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Prácticamente todos los municipios del país tendrán comicios en 2027 y habrá 17 elecciones de gobernador. Ese es el mayor reto del combate a la extorsión. Los partidos, todos, se han vuelto adictos al dinero. Las campañas no son financiadas con los recursos que otorgan las autoridades electorales; de hecho, las burocracias partidistas retienen esos recursos y dejan a los candidatos en el abandono. Se asume que éstos tienen la capacidad de costear sus campañas, pero allí puede surgir la corrupción y la extorsión, de ser el caso: ya sea de un candidato a reelegirse o la compra anticipada de la gestión pública por quienes financian campañas, no siempre empresarios modelo y, en ocasiones, hasta criminales. Lo peor ocurre cuando las dirigencias partidistas resuelven las candidaturas precisamente por consideraciones estrictamente monetarias.

Combatir la extorsión es combatir la impunidad. Constituye el gran reto para el país y al gobierno nacional corresponde poner ejemplo. La justicia –y menos la penal– no debe estar condicionada a objetivos políticos. Como bien dijera el líder moral del régimen: las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y esa es la dificultad mayor para combatir la corrupción y la colusión de los gobiernos con el crimen. Es evidencia reiterada que autoridades municipales y en algunos casos estatales, al más alto nivel, participan o son beneficiarias de las acciones criminales. Ese es el origen de la lucha de Carlos Manzo.

El exhorto de la presidenta Sheinbaum y de su secretario de seguridad, García Harfuch, se dirige a las mismas autoridades coludidas. Quizá, más que invitación a participar, es una advertencia para que actúen, se autocontengan o que enfrenten la acción de la justicia, donde la suerte de varios gobernadores estaría marcada. Dilema de la Presidenta en el año previo a la elección intermedia; más si su decisión es cambiar la Constitución para que la consulta de la revocación de mandato y las elecciones federales y locales coincidan.

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Las reservas sobre los resultados son explicables, porque las consecuencias políticas de la acción contra la extorsión afectan más a quienes gobiernan y controlan el aparato de seguridad, vigilancia preventiva y recaudación, áreas que el crimen organizado ha penetrado y de las que se ha apoderado en muchos casos. No son autoridades criminales, sino criminales investidos de autoridad.

Una sola decisión sobre el sentido de la justicia penal federal lo dice todo. Es el caso de la acción contra la periodista, académica y referencia en la lucha contra la corrupción, María Amparo Casar. Se trata de un claro mensaje de la FGR a quienes mantienen una postura crítica al régimen: el uso político de la justicia penal sin fundamento ni base legal alguna. El control del aparato debería estar enfocado a acabar con la corrupción y el crimen organizado, en un México donde sus más significativas voces afirman que no hay represión y que es el país más democrático del mundo.

La descomposición en la base social se hace presente. El disenso gana terreno. A todos debe preocupar –incluyendo a la oposición y a los pocos poderosos empresarios beneficiarios del orden de cosas– que el descontento se exprese con mayor claridad al margen de las instituciones, ya sea porque han sido destruidas, han perdido credibilidad o porque son parte de lo que se rechaza. El tigre anda suelto, y a quienes pueden contenerlo no les importa o no se dan cuenta.