Debe Coahuila apostar por la rentabilidad electoral ciudadanizada (2)

Retorno a mi promesa del pasado lunes de sugerir alternativas para desarrollar una rentabilidad de corte ciudadano en el Poder Legislativo y el gobierno estatal.

Pero antes preciso mi intención: el tema de la ciudadanización -mayormente, entre clases medias y altas- fue utilizado por un PRI Coahuila en desventaja, respecto a los programas y transferencias económicas de Morena, en colonias populares y comunidades rurales. De esta manera, el tricolor fue forzado a reinventarse por una necesidad electoral.

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La debilidad del PAN estatal, aún en aquella alianza que hoy está en duda, facilitó por su fragilidad partidista el voto útil de sus militantes y simpatizantes a favor del PRI. Hecho que debilitó aún más, a un PAN ya de por sí decaído.

Llega luego, el triunfo electoral de Manolo Jiménez Salinas (MJS) por más de 750 mil votos -duros y no duros- en 2023, bajo una proclama electoral: “Para que Coahuila siga avanzando necesita un gobierno ciudadano. Esa es la fórmula mágica para dar resultados contundentes” (El Economista: 19 enero 2023).

Más razón no puede tener, porque de esa relación ciudadana con clases medias y altas -sobre todo- depende la supervivencia electoral de su gobierno en 2026, 2027 y 2029 porque a la estructura del PRI estatal -aunque ejemplar- sola no le alcanzaría. Sin embargo, existen, entre otras, dos áreas de oportunidad para radicalizar dicha ciudadanización del poder público.

¿Por qué? Menciono tres ejemplos: el Comité Técnico del Fideicomiso ISN 20 y el Consejo Ciudadano de Viabilidad Financiera son necesarios, pero no suficientes. La integración del Plan Estatal de Desarrollo con énfasis ciudadano es necesario, pero no suficiente. El nombramiento de distintas subsecretarías regionales para estar en contacto directo con la ciudadanía -según palabras de MJS- podría ser necesario, pero no suficiente.

El imperativo de ganar las tres elecciones venideras exige a MJS, a los diputados priistas y a los integrantes de los gabinetes legal y ampliado ir más allá para ciudadanizar el poder público, so pena de permanecer en el abismo de “la necesidad” pero no en la cúspide de “la suficiencia”; y entregar, así, Coahuila a Morena.

Los diputados priistas, por ejemplo, pueden legislar desde territorio con el ciudadano común. Ahí está, entre otras metodologías exitosas, la de Pedro Kumamoto en el Congreso de Jalisco, que armó iniciativas de Ley con y para la gente: ¿no podrían esos diputados acercarse a niños, jóvenes, adultos mayores o a colectivos LGBTQ+, de mujeres, de defensores de derechos humanos, ambientalistas y/o animalistas para construir una agenda legislativa de corte ciudadano?

En el caso de las dependencias de los gabinetes legal y ampliado, todas comparten un común denominador: la burocracia integrada por 6 mil 401 servidores públicos con un potencial multiplicador, electoralmente hablando, a nivel familiar, afectivo y social.

En este caso, sugiero dos estrategias para asegurar, más allá del candado de la nómina, su lealtad e identidad institucional con el actual gobierno: capacitar de manera continua a directores, subsecretarios y secretarios en modelos contemporáneos de liderazgo y gestión institucional para acabar de tajo con prácticas organizacionales -ancestrales- que dañan de manera cotidiana la integridad personal y la salud mental de los funcionarios públicos de menor rango.

De igual manera, debe capacitarse a estos funcionarios -continuamente- para incrementar sus capacidades técnicas y fortalecer su dependencia. Sin soslayar el reconocimiento institucional de su contribución a la misma y, sobre todo, al gobierno estatal.

De nuevo, el espacio se acortó. Pero, la moneda está en el aire: o se ciudadaniza a fondo el gobierno de MJS o Coahuila se vestirá de guinda a partir de 2026.

Nota: El PRI estatal podría diseñar una estructura electoral con activistas de distinto perfil para trabajar con jóvenes y adultos de clases medias y altas.