Debe Coahuila apostar por la rentabilidad electoral ciudadanizada (1)

Parafraseo dos preguntas de mi pasada entrega editorial en forma directa: Los actuales diputados priistas y los integrantes de los gabinetes Legal y Ampliado de Manolo Jiménez Salinas (MJS) podrían ser recordados como la generación de priistas que entregó a Morena el último bastión tricolor. Por ello, desde su trinchera, su trabajo está obligado a cumplir dos objetivos: con y a pesar de las turbulencias de la grilla que incluye el fuego amigo.

El primero consiste en cumplir su trabajo con altos estándares de ética y profesionalidad. El segundo exige desarrollar −fuera de la caja− una rentabilidad electoral de corte ciudadano que complemente aquella rentabilidad electoral, mayormente popular, resultante del trabajo sistemático y metódico de Mejora y el PRI estatal.

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Este tipo de rentabilidad ciudadanizada posee tres requisitos puntuales. a) Está centrada en el respeto y dignidad a la persona: es atemporal y tiene costo cero. Escribirlo es fácil, aterrizarlo es difícil, pero no imposible.

b) Ésta rentabilidad puede ser practicada, a nivel personal y cotidiano, por cualquier funcionario público de nivel jerárquico indistinto, con el compañero de trabajo o el ciudadano común.

Este requisito obliga a replantearse los modelos de liderazgo y gestión administrativa prevalentes al interior de la estructura de gobierno por parte de directores, subsecretarios y secretarios con sus subordinados. Los cuales, en su mayoría, no alcanzan a rebasar los años 50 del siglo pasado, en el mejor de los casos.

De la misma manera, ese segundo requisito invita a repensar la manera tradicional −impersonal e implacable− como es percibida la burocracia desde las alturas del poder: siempre rehén a placer por su comprensible temor a perder su trabajo.

Finalmente, la consecuencia lógica, ¿cómo tratará el burócrata promedio −maltratado, desvalorado, atemorizado− a la gente común que se acerca a las oficinas de su dependencia? Mal o regular. Lo cual es paradójico, por ser el ciudadano común el principio y fin de su trabajo.

c) A nivel social, de manera ideal, los programas y/o políticas públicas deben contar, si no con la participación del coahuilense común, en su diseño e implementación como fue contemplado en la metodología ciudadana de los exitosos gobiernos de Sergio Fajardo, en Medellín y Antioquia, Colombia, al menos en su evaluación.

Dos razones: primera, la mayoría de los beneficiarios de dichos programas y/o políticas públicas no participó en los foros que modularon el Plan Estatal de Desarrollo de Coahuila 2023-2029.

Y segunda, la evaluación cualitativa del esfuerzo gubernamental iría más allá de la abrumadora numeralia oficialista, aparecida en medios de comunicación cada día, y de su sumatoria publicada en cada informe de gobierno.

¿Qué sucedería, por ejemplo, si un despacho externo y confiable realizará cada año la evaluación cualitativa desde la perspectiva del coahuilense común de los programas y/o políticas integradas en el Plan Estatal de Desarrollo?

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Este ejercicio, permitiría demostrar, reitero, desde una perspectiva ciudadana el grado de incidencia significativa de dicho Plan en la vida de los coahuilenses. Además, este estudio podría ser añadido como capítulo evaluativo a ese informe anual de actividades.

Cumplir estos tres requisitos, que fundamentan una rentabilidad electoral ciudadanizada, es más que deseable para el gobierno de MJS, por su afán compartido con miles de coahuilenses de llevar a Coahuila al siglo 21.

Porque este siglo 21 será ciudadano, radical y a fondo, o no será. Esa es, y nada más, la esperanza de un mejor futuro para Coahuila, México y el mundo.

(Continuará)

Nota: En la entrega del próximo miércoles sugeriré alternativas para desarrollar esa rentabilidad de corte ciudadano, desde el poder legislativo local y dependencias de los gabinetes Legal y Ampliado.