Delitos patrimoniales: están fuera de control en Coahuila

Uno de los pilares indispensables para construir una sociedad democrática es el Estado de derecho. No se trata de una simple expresión que se utiliza para adornar el discurso, sino de una aspiración sin la cual es imposible considerar la existencia de la sociedad moderna.

¿Y qué debemos entender por Estado de derecho? La respuesta es simple: la existencia de una serie de reglas que definen, con toda claridad, los límites dentro de los cuales resulta válido actuar a las personas, así como de un conjunto de instituciones que garantizan el respeto a dichas reglas... utilizando para ello la fuerza, si acaso fuera necesario.

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En el proceso de construcción del andamiaje de reglas e instituciones necesarias para garantizar la existencia del Estado de derecho, uno de los elementos a definir es el catálogo de conductas prohibidas, es decir, aquellas que por indeseables se consideran delitos y, por tanto, conllevan la imposición de penas a quienes incurren en ellas.

Tener claro lo anterior es indispensable para dimensionar que la incidencia delictiva representa un parámetro relevante de la salud democrática de una comunidad. A mayor incidencia delictiva, menor solidez democrática. Y viceversa.

En otras palabras: el que la incidencia de ciertos delitos crezca en una comunidad no es un simple dato anecdótico, sino la advertencia −clara e incontrovertible− de que se está deteriorando el tejido social. Se trata igualmente de un llamado urgente a la acción para las autoridades.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al repunte que durante el año pasado tuvieron en Coahuila los delitos de carácter patrimonial.

Y es que, de acuerdo con la más reciente actualización sobre incidencia delictiva, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y diciembre de 2024 se iniciaron en Coahuila 2 mil 457 investigaciones por el delito de fraude.

Lo más relevante de la estadística es que la cifra citada refleja un crecimiento de casi 150 por ciento en la incidencia de tal delito en el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Algo se está haciendo muy mal en Coahuila para que tengamos cifras de este tipo.

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No hace falta ser expertos en Derecho Penal para tener claro qué es lo que se está haciendo mal: la Fiscalía General de Coahuila, así como las corporaciones policiales de carácter preventivo no están cumpliendo ninguna de las dos funciones esenciales que tienen a su cargo: por un lado, prevenir los delitos y, por el otro, garantizar que no exista impunidad cuando se hayan cometido.

Estos dos ingredientes construyen el círculo vicioso perfecto para que atestigüemos escaladas delictivas como la señalada en el caso del delito de fraude. Cabría esperar que, ante la evidencia, hubiera una reacción inmediata y contundente por parte de la autoridad para frenar el deterioro social que implica la incidencia delictiva descontrolada.