Coahuila: mala percepción del sistema local de justicia

La imagen de las instituciones públicas, en las sociedades democráticas, se construye siempre con gran dificultad, pero es posible destruirla con enorme facilidad y, sobre todo, con rapidez. Esta es una lección que hemos visto materializarse demasiadas veces como para ignorarla.

Debido a ello, quienes tienen a su cargo las instituciones del Estado deben esforzarse cotidianamente en preservar, reforzar y consolidar la buena imagen de estas frente a la sociedad. Y la única forma de lograr dicha meta es actuando de forma escrupulosa en el sentido de la ley y la razón.

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¿Cómo saber si la imagen de las instituciones públicas es la adecuada o deseable? La respuesta es simple: preguntándole de forma sistemática a la comunidad su opinión respecto de indicadores concretos que son relevantes en términos colectivos.

No basta, desde luego, preguntar. Inmediatamente después de ello es necesario actuar en el sentido que indiquen las respuestas de la comunidad, a fin de corregir aquello en lo cual se falla −de acuerdo con la percepción ciudadana− y perseverar en lo que se califica como buen desempeño.

Vale la pena aclarar aquí que no es posible obtener la unanimidad y que, independientemente de la actuación de los servidores públicos, siempre habrá opiniones divergentes. Por ello, a lo que puede aspirarse es a la obtención de evaluaciones que reflejen, por lo menos, una aprobación mayoritaria del desempeño institucional.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, en el cual se da cuenta de los resultados que arroja la más reciente edición del informe “Hallazgos”, que elabora anualmente la organización México Evalúa y que consigna la percepción de la sociedad respecto a los sistemas de justicia en diferentes estados de la República, entre ellos el de Coahuila.

De acuerdo con dicha medición, el Poder Judicial, así como la Fiscalía General de nuestra entidad, no solamente se encuentran entre las peor evaluadas de la muestra de nueve entidades en las cuales se realizaron encuestas focalizadas, sino que se retrocedió en indicadores importantes respecto de la medición anterior.

Rubros como la percepción de la ciudadanía respecto de las autoridades de justicia penal; la evaluación que se hace del sistema de justicia contra la realidad de hace una década y el respeto a los derechos de las víctimas por parte de las instancias citadas, arrojan para Coahuila cifras reprobatorias.

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Se podrá argumentar que la percepción no necesariamente refleja la realidad, pero ciertamente está muy claro que, para todo efecto práctico, la percepción termina pesando más que la realidad en muchos casos. Y, en última instancia, es responsabilidad de las autoridades esforzarse por mejorar la percepción ciudadana.

Cabría esperar por ello que quienes tienen a su cargo las instituciones del sistema de justicia en Coahuila se hagan cargo de los resultados publicados y actúen en consecuencia.