‘Derecho a la Salud’: uno que está en duda

De acuerdo con lo que previene el artículo 4 de nuestra Constitución, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. En consecuencia, el Estado está obligado a brindar esa “protección”, es decir, a destinar los recursos necesarios para la existencia de un sistema que garantice el derecho.

Pero, como sabemos bien, el que un derecho aparezca en la Constitución, o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, o en las leyes, es insuficiente para que, en efecto, las personas podamos ejercerlo y, menos aún, que tal ejercicio sea pleno.

Y en materia de salud, la historia demuestra que siempre hemos estado muy lejos del ideal que supone el vivir en un país donde las promesas constitucionales son llevadas a la realidad por las instituciones públicas. Y la mejor prueba de ello es que, todo el que puede, recurre a las instituciones privadas, tanto en los casos preventivos, como en los correctivos.

Tal realidad implica, por una parte, que la cobertura de los servicios de salud pública es insuficiente y, por la otra, que la calidad de tales servicios es deficiente. Esto último es más cierto cuando hablamos del nivel básico de atención, como la consulta abierta o los servicios de emergencia.

Visto desde otra perspectiva, el que las personas prefieran los servicios privados de medicina y hospitalización implica que, a pesar de tener el derecho de “protección de la salud” éste no se ejerce y, además, se asume el costo económico que ello implica.

Sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria que provocó la pandemia, situación a la que se ha sumado en los últimos meses una ola inflacionaria como no se veía en dos décadas, la presión que supone pagar por servicios médicos privados se vuelve insoportable para el gasto familiar.

Y es que de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, en los últimos cuatro años los costos del servicio médico privado se han incrementado entre 30 y 60 por ciento, tan solo en el área de consultas especializadas. Pero algunos otros servicios han sufrido incrementos de hasta 155 por ciento.

Uno de los costos más importantes que las familias deben asumir -entre otras cosas porque las instituciones públicas prácticamente no cuentan con especialistas para ofrecer este servicio- es el de la atención de su salud emocional, apartado en el cual se ha registrados incrementos en el costo de las consultas de hasta 133 por ciento.

La respuesta fácil ante la exposición de las cifras es que “a nadie se obliga a que acuda a un médico privado”, o que “los abusos en este tipo de servicios pueden denunciarse”. Sin embargo, eso no le resuelve el problema a nadie, pues el fondo es mucho más complejo.

Y el fondo tiene que ver con un sistema de salud incapaz de ofrecer a la población los servicios que implica tener derecho a “la protección de la salud”, incluso en las zonas urbanas, donde la infraestructura que las instituciones públicas ofrecen es, en teoría, “mejor”.