Desapariciones, una propuesta muy hereje para proscribirlas...
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¿Puede realmente el Estado mexicano impedir que haya desapariciones?
¿De qué se trata todo esto? De que en México ya no haya desapariciones, ¿cierto? Eso es lo que queremos todos, proscribir la desaparición, ¿sí?
No hemos tenido éxito como sociedad ni como Estado para lograrlo en un cuarto de siglo, así que debemos buscar respuestas fuera de lo común, alejadas de la zona de confort en la que yacemos inmovilizados luego de haber sucumbido a la normalización de la violencia.
Se ha documentado que miembros de distintos órdenes de gobierno, y que por tanto formaban parte del Estado mexicano, han sido cómplices de atrocidades que también podrían ser enmarcadas en el derecho internacional como “crímenes de lesa humanidad”. El caso más emblemático es el de Ayotzinapa, donde policías de tres municipios participaron en la captura, desaparición y muerte de 44 estudiantes normalistas (no hay que olvidar a Julio César Mondragón, desollado la infausta noche de Iguala). Mientras eso sucedía, los militares destacamentados ahí sabían todo lo que pasaba minuto a minuto y, por decisión de sus mandos locales, no intervinieron para evitar la tragedia, lo que al menos representa un acto de negligencia.
Hoy tenemos en México las guerras narcas, las interminables guerras de los cárteles, de las distintas facciones del crimen organizado, que tienen como principal táctica bélica la infame desaparición forzada de rivales o de gente que se resiste a sus acometidas.
Y aquí la pregunta es qué podemos hacer como sociedad, qué es factible para darle un poco de paz a miles y miles de madres de desaparecidos, a miles y miles de familiares de esos ausentes.
¿Puede realmente el Estado mexicano impedir que haya desapariciones? No, la verdad, no. No hay forma de que algún gobierno, ya sea federal o estatal, lo impida. Hasta hoy, ningún cártel se ha planteado cesar las desapariciones. Es, subrayo, su machista táctica de guerra para sembrar terror, que, además, al sicariato nacional le resulta muy rentable: este delito tiene, según dicen quienes se ostentan como los más estudiosos del asunto, un 98 por ciento de impunidad.
Sin embargo, siendo muy, pero muy crudos, quizá como sociedad sí podríamos lograr persuadir a los desaparecedores. La Iglesia católica tiene acceso a grupos criminales, algunos gobiernos municipales y estatales también, y los servicios de inteligencia militar, igual. Podríamos agregar a un par de representantes de comerciantes y empresarios, una dupla de periodistas por cada entidad de la República, familiares de desaparecidos... y ni modo, ya sé, no deberíamos negociar con delincuentes, pero habría que sentarnos en 32 mesas para la paz con un sólo objetivo inicial: que todos los cárteles ya no desaparezcan, que si se van a seguir matando, como lo seguirán haciendo para prevalecer en sus mercados criminales, por lo menos recuperen la pizca de piedad y humanidad que quizá todavía tengan y se comprometan a entregar los cuerpos de inmediato, a avisar dónde están; a ya no desaparecer a nadie, pues.
Con eso, podrían suprimir el dolor permanente de las madres buscadoras, que son como almas muertas en vida. Además, en el fondo les conviene: quizá un día ellos podrían ser los desaparecidos. Intentemos acabar con las desapariciones. Luego ya veremos qué más se puede conseguir. Un objetivo de paz a la vez. Y si en esto puede ayudar un organismo internacional, sin alaridos: aceptémoslo y que nos ayuden, pero ya.
