Despedida autoritaria en Coahuila

El primero de diciembre concluye el gobierno de Miguel Riquelme, gobernador que llegó al poder tras unas elecciones fuertemente cuestionadas y con el margen más cerrado en la historia de Coahuila. Hace 6 años, en medio de multitudinarias manifestaciones de rechazo que llenaron las calles de Saltillo en protesta por el resultado electoral, nadie hubiera pensado en un cierre arrollador del casi ex gobernador.

Riquelme impuso en el PRI a su delfín, y éste, abanderando a su partido y a sus ex contrincantes del PAN y el PRD, ganó los comicios con un amplísimo margen de ventaja. El PRI coahuilense está más fuerte que nunca, a pesar de que, a nivel nacional, está algo más que noqueado.

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Dato significativo es que Riquelme no solo deja el poder con amplio apoyo popular, además deja el gobierno teniendo de su lado y bajo su mando a Guillermo Anaya, quien estuvo a punto de ganarle la gubernatura en 2017. Riquelme es, hoy por hoy, el priista más exitoso de México.

Ahora bien, recordemos que se trata de un político silencioso, aburrido, sin mayor atractivo, ni carisma, algo introvertido y sin un discurso de impacto, personifica un contra estilo de hacer política que parecía agotado.

Con todo lo anterior, también es cierto que estamos presenciando una despedida del inminente ex gobernador con un desplante autoritario muy propio del más rancio sistema priista que, tras el desmoronamiento del otrora “partido aplanadora”, sigue imperando en Coahuila. El PRI Gobierno en Coahuila se encuentra intacto. De ello rendirán cuentas a la historia, los partidos que otrora fueron oposición.

¿Pero por qué lo del desplante autoritario? En su despedida hizo lo que todos sus antecesores: entregó de un plumazo 63 notarías a sus cuates. Esa “Oficialía de Partes” que seguimos llamando Congreso del Estado, aprobó las 63 “fiat notariales” sin mayor discusión. ¿Por qué? Porque pueden. La oposición es irrelevante y, pactada con el Centro, la fórmula “Edomex + impunidad a cambio de Coahuila”, el contrapeso federal sencillamente no cuenta en este feudo.

En la lista de nóveles notarios no sólo van sus cuates, destacan las piltrafas de transacciones electorales, materializadas en nombramientos específicos que denotan la rendición a los encantos del poder de sedicentes “opositores”.

Llamativo es el caso de Guillermo Anaya Llamas, quien ya había sido notario por voluntad de Enrique Martínez, cargo que renunció por presiones internas en el PAN. Hoy, sin pudor alguno, acepta el regalo de manos de quien fue su verdugo. Hubiera sido más decoroso conservar su anterior fiat, y rechazar la actual humillación. Pero no está solo en esto, Lizbeth Ogazón Nava, diputada local morenista, también podrá “retirarse” a su flamante notaría. Sigue pues vigente el refrán: “No con quien naces, sino con quien paces”.

En otro frente, vemos el tufo autoritario desde la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Coahuila, carentes de la menor autonomía, actuando contra el líder regional de la CTM en Piedras Negras: Leocadio Hernández. No defiendo a Leocadio. No hay nada político, social, económico, cultural o filosófico que me una a él. Crecí ubicándolo como un típico PRIista: abyecto, sometido al poder en un sindicato que vive por y para el sistema político.

Pero no vienen a cuento mis coincidencias o discrepancias con Leocadio, sencillamente debo denunciar el abuso de autoridad del que está siendo objeto, se trata claramente de un castigo/revancha del sistema priista coahuilense por su deslealtad al partido, pues apoyó a Ricardo Mejía Berdeja en la pasada contienda y se sumó al coro de críticas al Gobierno de Miguel Riquelme. Leocadio ha sido un soldado del PRI, fiel a Tereso Medina y a Claudio Bres. Hoy Riquelme le cobra con intereses su primer gesto de independencia.

Como ha sido usual, el poder usa la justicia penal como arma para ajustar cuentas políticas. Colocar la justicia al servicio del poder es muy peligroso para una sociedad que aspira a ser democrática. Es una clara advertencia para los coahuilenses: quien no se alinee con el gobierno del estado, pagará las consecuencias: “fierro, destierro o entierro”, decía Gonzalo N. Santos en los años cincuenta. Hoy, Riquelme hace lo mismo, lo diga o no con las mismas palabras.

La acusación contra Leocadio es por demás ridícula, aunque muy fácil de manipular, le aplican de ribete prisión preventiva, como si fuera un delincuente de alta peligrosidad, aunque se trata de un hombre de muy avanzada edad. Bastaba con quitarle el pasaporte y exigirle firmar periódicamente en el juzgado para que permanezca en su casa. Llevar su juicio en libertad hasta que se demuestre su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”, como dice la ley.

Pero eso no satisface al sistema. Se propone humillar, escarmentar a la sociedad en cabeza ajena. Al cooptarlos, se humilla a Guillermo Anaya y a Lizbeth Ogazón, al perseguir a Leocadio, se propone que el mundo sepa quien manda, que todos sepamos que ante el sistema te hincas y aceptas las reglas o caerá sobre ti el peso del poder. Por cierto, estamos en el año 2023, es el siglo XXI.

X: @chuyramirezr