Después de cobrarles a los intocables, toca destrabar al país (y a Coahuila)

Si esta columna se hubiera escrito hace seis años para anunciar que la Cámara de Diputados eliminó el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales en el programa de regularización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), yo mismo habría votado en contra. En aquel entonces, abrir esa puerta habría significado tenderle una alfombra roja a los grandes consorcios que llevaban décadas usando despachos de abogados para no pagar impuestos. Pero en política, como en las finanzas públicas, el momento en que se toman las decisiones lo cambia todo. Y hoy, tras haber aprobado esta modificación a la Ley de Ingresos para 2027, vale la pena explicar con calma y sin apasionamientos por qué esta medida llega en el momento exacto y por qué es una extraordinaria noticia para estados como Coahuila.

Vayamos por partes. ¿Qué aprobamos exactamente en San Lázaro? En la Ley de Ingresos de 2027 venía incluido un Programa de Regularización Fiscal. Este programa no perdona ni condona los impuestos que alguien dejó de pagar: eso sigue prohibido por la Constitución. En cambio, ofrece un estímulo para reducir o eliminar las multas, recargos y gastos de ejecución a quienes tengan deudas fiscales firmes con el SAT o con la Agencia Nacional de Aduanas de México y quieran ponerse al corriente liquidando el impuesto principal.

El proyecto original ponía un candado: solo podían acceder a esta facilidad las personas o instituciones cuyos ingresos en 2025 no hubieran superado los 300 millones de pesos. Con la reserva que presentamos y aprobamos en el grupo parlamentario de Morena, quitamos ese tope de 300 millones para que el programa sea universal, manteniendo únicamente la prohibición estricta para quienes hayan utilizado facturas falsas o simulado operaciones.

Aquí es donde cualquiera, con toda legitimidad, puede preguntar: ¿por qué quitar el límite de los 300 millones ahora? La respuesta está en lo que ocurrió durante los últimos años. Tanto el gobierno de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, libraron una batalla sin precedentes para cobrarles a los “grandes entre los grandes”: corporativos multinacionales y magnates que se creían intocables tuvieron que pasar por la caja de la Tesorería tras perder sus litigios o entender que la ley iba en serio. Ese ciclo histórico de resistencia oligárquica se cerró de manera definitiva apenas hace un año, cuando los tribunales le dieron la razón al Estado mexicano frente al último gran multimillonario, Salinas Pliego, que se negaba sistemáticamente a pagar.

Una vez ganada esa batalla y sometidos los gigantes a un marcaje personal del que ya no pueden escapar, ¿quiénes quedaron atrapados arriba de esa barrera de los 300 millones de pesos? Quedaron dos sectores que el país no se puede dar el lujo de asfixiar: por un lado, empresas productivas medianas y grandes que mueven la economía regional; y, por otro lado, un número enorme de instituciones públicas, universidades, hospitales, municipios y sistemas operadores de agua que manejan presupuestos superiores a los 300 millones y que estaban condenados a una espiral de deudas impagables.

De hecho, el propio artículo transitorio que reformamos ponía especial cuidado en permitir que entraran al programa las instituciones públicas dedicadas a la salud y a la educación media superior y superior. Pero había una contradicción evidente: de nada servía darles permiso en el papel si el tope de los 300 millones de pesos las dejaba fuera en la vida real.

Para entender cómo funciona esta trampa financiera, veamos un caso práctico que retrata de cuerpo entero lo que ocurre aquí mismo, en Coahuila. Pensemos en cómo opera una universidad pública estatal, un instituto tecnológico o un organismo descentralizado de salud en nuestra entidad. Estas instituciones manejan presupuestos anuales que superan con facilidad los 300 millones de pesos, no porque tengan ganancias privadas, sino porque pagan las nóminas de miles de maestros, investigadores, médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

Durante años, por desorden administrativo principalmente, pero también por presiones financieras reales, como compromisos sindicales, aumentos salariales o pensiones que no venían acompañados de suficiente presupuesto, varias de estas instituciones cayeron en un grave error para completar la quincena: le descontaban a sus trabajadores el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en su recibo de nómina, pero en lugar de entregar ese dinero al SAT al mes siguiente, lo usaban para tapar urgencias operativas del día a día.

Para esos casos, la ley fiscal tiene una regla implacable, pero muy sabia: para los entes públicos: si una universidad, hospital o municipio de Coahuila le entrega puntualmente al SAT el ISR que le retuvo a sus empleados, la Federación le devuelve al estado el 100 por ciento de ese dinero a través de participaciones federales. Es decir, cumplir sale gratis. Pero cuando una institución pública se queda con esa retención para apagar un fuego inmediato, pierde por partida triple: primero, pierde el derecho a que la Federación le devuelva ese 100 por ciento; segundo, el SAT le finca un crédito fiscal donde la deuda original se multiplica año con año por la inflación, los recargos mensuales y las multas; y tercero, llega el momento en que la autoridad fiscal congela cuentas bancarias, interviene ingresos o le descuenta el dinero directamente a las participaciones del estado.

En Coahuila conocemos de sobra las consecuencias de este círculo vicioso. Tenemos instituciones de educación superior, colegios de bachilleres, universidades tecnológicas, servicios estatales de salud, ayuntamientos y sistemas municipales de agua que arrastran pasivos históricos con el SAT que van desde unos cuantos millones hasta cientos de millones de pesos acumulados por años de recargos y multas. Cuando un adeudo original crece tanto por los accesorios fiscales que se vuelve materialmente impagable, la institución queda paralizada: o despide personal y recorta servicios básicos para pagar multas, o vive con las cuentas embargadas.

Reconozco que puede ser incómodo escuchar que se abren programas de regularización para quienes fallaron en sus obligaciones. Tampoco podemos ignorar que, donde hubo malos manejos de funcionarios públicos, las auditorías y las denuncias deben seguir su curso hasta las últimas consecuencias. Pero castigar hoy a los estudiantes de una universidad pública, a los pacientes de un hospital o a los usuarios de un sistema de agua manteniendo deudas muy infladas por multas del pasado no es hacer justicia; es condenar a nuestras instituciones a la parálisis permanente.

Al eliminar el techo de los 300 millones de pesos para 2027, logramos destrabar este nudo. Permitimos que tanto empresas formales como las universidades, hospitales y organismos públicos de Coahuila puedan sentarse con el SAT, limpiar las multas y recargos que hacían impagables sus adeudos, cubrir el impuesto principal y, sobre todo, recuperar la viabilidad financiera para cumplir puntualmente de aquí en adelante. Cobrarle sin tregua a los poderosos que se creían dueños de México fue el primer paso; darles hoy una salida ordenada y realista a las instituciones y empresas que sostienen la vida diaria de nuestros estados es el segundo. En ambos casos, gana la hacienda pública y gana el país.