Detrás de las horas incomunicadas con Cecilia Flores, la madre buscadora

El desconocimiento temporal sobre el paradero de Cecilia Flores, la madre buscadora de Sonora, provocó una intensa actividad en redes sociales durante buena parte del lunes. Se trató de una alerta en cadena promovida por activistas de medio país que temían lo peor.

Flores había pasado el domingo en la alcaldía Coyoacán (CDMX), en donde presentó su libro esa tarde, y después tomó un carro de alquiler para viajar a Querétaro, la ciudad en la que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la instaló hace meses en una casa bajo protección federal. En ese lugar fue localizada por la noche del mismo lunes con un cuadro de descompensación metabólica y deshidratación leve causados por una inanición prolongada, dijeron autoridades.

El desenlace no pudo ser mejor en un país que ha conocido del asesinato y desaparición de otras madres buscadoras, así como de activistas y decenas de miles de personas en años recientes. Pero queda una pregunta al centro de todo: ¿Por qué se perdió contacto con alguien que vive bajo amenaza de muerte y es protegida por el Estado las 24 horas del día?

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Flores, de 51 años, se volcó a la búsqueda de sus hijos desde 2015. Primero para buscar a Alejandro, desaparecido en Sonora a los 21 años, y después para hacerlo con el mayor, Marco Antonio, de 32, cuyo último rastro data de 2019, en Sinaloa. Fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que desde entonces ha censado cerca de 10 mil casos de desaparición en esa entidad, y recientemente se involucró en acciones de localización en el centro del país.

Las experiencias de esos años están condensadas en el libro “Madre Buscadora. Crónica de la Desesperación”, justo el que presentó la tarde del domingo en el centro de Coyoacán. En abril, Flores fue noticia después de hallar un supuesto crematorio humano en las inmediaciones de la demarcación Iztapalapa. La controversia se desató porque otras activistas le pidieron no lucrar con su actividad, al ver en la denuncia un tinte político-partidista en plena recta final del proceso electoral. La fiscalía de la Ciudad de México diría más tarde que los restos encontrados eran de animales.

Lo cierto es que su actividad, lo mismo que la de cientos de madres y padres dispersos por el país, incomoda no sólo a los grupos criminales, sino a las autoridades. El asedio en contra de todas y todos es constante, y si no los mata los enferma. Sobre ello quise conversar con Miguel Ángel García Leyva, el abogado sinaloense que creó, medio siglo atrás, la Fundación Esperanza, una de las primeras organizaciones de búsqueda que existen en México.

Desde finales de 1990, García y decenas de mujeres y hombres han documentado cerca de mil casos de desaparición forzada, tan sólo en el triángulo compuesto por Baja California, Sonora y Sinaloa. ¿Cómo viven quienes buscan a sus familiares?, ¿por qué falla el mecanismo de protección? Son preguntas a las que el abogado responde. Aquí, parte de sus respuestas:

“En un país con altísimo grado de impunidad, la situación es muy adversa para cualquier persona, pero entraña mayor riesgo para quienes exigen justicia y reivindicación de los derechos humanos y ambientales. Cada día tenemos sucesos como el de la compañera Ceci, quien vive en carne propia el acecho constante por su labor como madre buscadora. Pero eso mismo se extiende a cientos de madres y de padres que luchan por lo mismo”.

“Las madres tienen un papel muy significativo en esta grave situación que vivimos en México desde hace tiempo. La desaparición, hay que decirlo, son crímenes de lesa humanidad. En ello, Cecilia ha sido muy crítica y reiterativa en su labor, y eso la coloca en riesgo permanente”.

“Luchar contra el poder es luchar en contra de un sistema de gobierno cuyo nivel de colusión con la delincuencia organizada, es pleno. Luchamos por encontrar a personas desaparecidas gracias a este sistema, y al hacerlo enfrentamos también a este Estado que apuesta por el terror”.

“El riesgo no ha hecho sino aumentar. En este país, en donde se apostó por una política de Abrazos y no balazos, la muerte te besa y te abraza”.

“Hace dos años estuve con Ceci en la Universidad de Sonora en Hermosillo. Nos vimos ahí con Enrique Irazoque, entonces titular del Mecanismo federal. Fue como hablar con una pared”.

“Aquellos que hemos estado bajo supuesta protección del Mecanismo estamos claros de que el riesgo aumenta. Vivimos bajo supuesta protección federal, pero los agentes enviados para ello están a merced y las órdenes de los poderosos, sean funcionarios o miembros de la delincuencia. Es muy común que te encuentres en tus desplazamientos con paramilitares, y eso no es gratuito”.

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“El caso de Cecilia Flores, así haya sido una alerta falsa, nos revela que el Mecanismo, sea federal o estatal, no es efectivo. No lo son, justo por el alto nivel de involucramiento y de corrupción institucional”.

“Además de todo debemos vivir con las represalias del Estado. También he sufrido en carne propia atentados, desaparición y tortura. He visto cómo han asesinado a varias compañeras y compañeros, o cómo los han sacado del país para supuestamente protegerlos. En los hechos, todo se trata de una gran simulación. Ese es el gran hierro del Mecanismo”.