Educación jurídica comprometida con la lucha de los derechos

Por circunstancias de mi vida profesional he tenido la oportunidad de trabajar siempre por los derechos de las víctimas. Desde elaborar leyes, políticas públicas y sentencias hasta, incluso, llevar juicios como abogado a favor de las personas que resienten la afectación grave de sus derechos fundamentales.

He tratado de ser, en la medida de mis posibilidades, un agente de cambio por la vía del Derecho. Siempre he pensado que los juristas no sólo nos encargamos de aplicar la ley de manera formal, sino también de crear mejores normas que en la realidad protejan de manera efectiva a las personas. Nuestro rol social exige un compromiso de justicia para darle orden, certeza y racionalidad a las actividades de una comunidad que aspira resolver de manera adecuada sus problemas.

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Mi actual práctica profesional, como juez y profesor, implica una síntesis de mi trayectoria como profesional del Derecho. Si bien inicie mi carrera en puestos judiciales, mis primeros retos importantes fueron elaborar algunas normas que son relevantes. Las víctimas fueron de los primeros temas en los que escribí algunas ideas, pero sobre todo en el que pude influir como consultor para construir una mejor protección en la ley.

Hace 30 años poco se hablaba de los derechos de las víctimas. En la doctrina de nuestro país, la víctima era comúnmente llamado el “Don nadie del proceso penal”. No era parte procesal. No podía interponer recursos. La reparación del daño ni siquiera era un derecho. Cuando reviso lo que escribí en ese entonces, entiendo en gran medida el camino que seguí en términos profesionales.

En 1993, por ejemplo, me tocó participar como jurista en los foros de la reforma constitucional que garantizó por primera vez los derechos de las víctimas en el proceso penal. En el 2008, la constitución se volvió a modificar para establecer un catálogo más amplio de derechos de la víctima a partir de la reforma del sistema de justicia penal. En ambos casos, las ideas que como académico había escrito en revistas especializadas se tomaron en cuenta en los dictámenes parlamentarios. Luego en 2010 algunos legisladores federales me consultaron mi opinión sobre la reforma en materia de derechos humanos. Me tocó, pues, ser consultor de algunos diputados federales que presentaron las iniciativas de reforma. Esas reformas contemplan algunas ideas que compartí en ese momento. Hoy son parte de nuestra Ley Suprema de toda la Unión.

He tenido, por tanto, mucha fortuna en mi quehacer profesional. No siempre se tiene la posibilidad de que tus ideas formen parte de normas constitucionales que son relevantes para la protección de los derechos de las personas. En especial para que generen una mejor protección a los más débiles, las víctimas.

Con esta experiencia de elaborar reformas constitucionales, luego tuve la oportunidad de poner en práctica la defensa de sus derechos en un contexto de grave violación. Como académico, participé en la construcción del modelo que hoy tiene Coahuila para atender las problemáticas de las personas desaparecidas, migrantes, periodistas, defensores, entre otras. Me tocó, además, participar en la fundación de las nuevas instituciones de víctimas que, para bien de nuestra entidad, son un modelo nacional e internacional.

En esa labor como académico me tocó diseñar también algunas políticas públicas con la participación de la sociedad para generar el cambio social. A veces los juristas tradicionales piensan que sólo la ley es suficiente. No basta. Es necesario ejecutarla. Hay que construir programas y acciones de gobierno que resulten idóneos para cumplir los objetivos de la ley. Esa es una tarea de transformación social relevante.

Posteriormente, como juez, me ha correspondido elaborar sentencias y votos particulares que en gran medida disienten de mis colegas en la forma de interpretar las leyes a favor de las víctimas. Siempre he tratado de ser riguroso en la interpretación jurídica. Pero mis versiones interpretativas, en la medida en que me lo permite la ley, pretenden asegurar de manera efectiva los derechos de las víctimas.

Finalmente, como profesor trato de enseñar el Derecho en forma rigurosa. Mis estudiantes tienen que leer mucho. Se quejan de eso. Mis cursos de Teoría del Derecho y Filosofía del Derecho, no obstante que son muy teóricos, tienen su parte práctica: problemas y casos concretos donde se reflexiona el sentido que tienen las normas en la protección de las personas más débiles.

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EL ROSTRO DE LA AIDH

Si algunos se detienen a revisar un poco los programas educativos y los proyectos de investigación que tiene la Academia IDH, podrán encontrar que el rostro que distingue a la escuela que fundé tiene como centro de estudio los derechos de las víctimas.

La AiDH, por supuesto, no es una autoridad legislativa, ejecutiva o judicial en materia de derechos humanos. Es una institución universitaria que, a diferencia de muchas, ha asumido un rol importante en la protección de los derechos de las víctimas.

Desde su función académica se ha construido el mejor programa educativo que conozco para asegurar el cambio social. Espero que de sus aulas salgan muchos más que influyan con sus ideas para crear mejores leyes, políticas públicas, juicios y sentencias, para asegurar la dignidad de las personas que son afectadas en sus derechos.

@LERiosVega