La alegoría del iusaristo en la #PinturaAiDH

Si tuviera que dibujar el concepto del mejor jurista que una universidad debe formar para hacer funcionar la ley de manera correcta, sin duda, comenzaría por tratar de identificar las características principales que debe poseer un profesional para que el Derecho sea el resultado de una buena práctica social para conseguir los fines de una sociedad justa. Buscaría hacer una representación simbólica del mejor jurista, el iusaristo.

En primer lugar, mi experiencia profesional me ha enseñado que los juristas debemos entrenarnos bien para trabajar con las ideas racionales del Derecho. Nos deben enseñar a pensar en forma racional. El Derecho se expresa con un lenguaje en las normas que debe comunicarse en forma clara y precisa. Pero lo que se diga debe tener un sentido racional para resolver los problemas de una comunidad. No producimos leyes arbitrarias, absurdas o irracionales. Eso depende de la forma de pensar el Derecho. Eso se aprende (bien o mal) en la escuela y se reproduce (bien o mal) afuera cuando tenemos que asumir su práctica profesional.

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En general, las personas pueden tener una buena conciencia (o no) de lo que es la justicia. Pero lo que diferencia a un profesional del Derecho del resto de los demás es que para tomar una decisión que resuelve el problema de alguien tenemos que ofrecer razones en un procedimiento legal para evitar la arbitrariedad.

El iusaristo sabe que debe asegurar siempre una buena argumentación jurídica para justificar lo que es el Derecho. No es que él crea o sienta lo que es justo. Lo que será justo será el resultado de las buenas razones que, conforme a la ley, le permitan decidir un caso para asegurar la justicia que le corresponde a cada uno.

Nadie nace con el saber de la justicia divina. El hacer Derecho se aprende con la razón jurídica. Es lo que nos distingue: saber argumentar el mundo de las normas para justificar el poder de regular la actividad social. El buen jurista, por tanto, debe aprender a construir ideas para explicar la racionalidad de lo que se prohíbe y de lo que se permite.

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Las leyes se hacen, interpretan y aplican para darle sentido, orden y seguridad a nuestra convivencia social. Si las escuelas de derecho no enseñan a sus estudiantes a ofrecer explicaciones razonables a los problemas que el Derecho pretende resolver, seguramente la forma de solucionarlos quedara en manos personas arbitrarias.

Es insuficiente, sin embargo, cultivar la buena razón en el profesional del Derecho. Se requiere, además, personas sensibles a los valores de la justicia. El iusaristo, en efecto, debe ser riguroso en la argumentación de las razones públicas aceptables que conforman la voluntad general, la ley. Pero debe también tener una formación sensible que le permita identificar los valores de la justicia.

Los mejores juristas, además, deben ser creativos. La solución de problemas exige que el jurista tenga perspectivas integrales para explicar de manera adecuada los hechos, las normas o valores que están en debate. Los juristas, por supuesto, debemos asumir ciertas reglas para construir el conocimiento jurídico. Debemos aprender ciertos dogmas. Pero nuestra visión crítica nos debe hacer pensar que las soluciones que no son correctas pueden cambiar con una nueva manera de razonar el Derecho para dar mejores respuestas a los problemas.

El compromiso con las mejores causas de la dignidad humana, finalmente, es un valor fundamental en el iusaristo. Debemos enseñar a los juristas el papel de defensores de derechos humanos que tienen en la sociedad para erradicar la impunidad, la injusticia, la corrupción y, en general, el mal gobierno.

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JURISTA AiDH

Racionales, sensibles y creativos son tres virtudes que en la AiDH pretendemos cultivar en la nueva generación de juristas del siglo 21 a partir de una perspectiva de derechos humanos.

Estoy seguro de que la educación jurídica que implementamos en la casa morada va a generar un cambio social en la próxima década. Ya lo verán. Ese día que lo vean lo entenderán porque va a provocar mejores leyes, sentencias y políticas que protejan a las personas para prevenir, erradicar y sancionar la arbitrariedad.