El derecho humano al agua y al medio ambiente sano

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el recurso de revisión 543/2022 que interpusieron asociaciones civiles de La Laguna en contra de la resolución dictada el 30 de agosto de 2021 por el Juzgado Quinto de Distrito en La Laguna.

El expediente de 57 hojas que fue parte de la ponencia del ministro Juan Luis González Carrancá, concluyó que las autoridades responsables, es decir, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la dirección de Organismo de Cuenca Centrales del Norte fueron omisas y vulneraron en perjuicio de los quejosos su derecho al agua en relación con el medio ambiente.

La Primera Sala enlistó una serie de omisiones para garantizar el derecho al agua y al medio ambiente. Para la Primera Sala “existen razones suficientes para resolver que la omisión de una autoridad administrativa de actuar conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos configura también una violación sobre estos”.

Entre esas omisiones está el no acatar diversas de sus obligaciones (de respetar, proteger y cumplir), internacionales y nacionales, en materia del derecho humano al agua, en relación con el diverso derecho a un medio ambiente sano.

Tampoco “haber analizado la posibilidad de establecer y, en su caso, el establecimiento del Acuífero como una “zona de veda” o “reglamentada”, como una decisión razonable después de haber reconocido su situación de disponibilidad nula de recursos hídricos, así como la fragilidad del ecosistema al que pertenece”.

Según el último estudio de disponibilidad del agua de la Conagua en 2020, el acuífero principal de la región tiene una recarga anual de 534.1 millones de metros cúbicos y una extracción oficial de 683.1 millones de metros cúbicos, es decir, se reconoce que hay un déficit de 149 millones de metros cúbicos.

Es por eso que la protección de la Justicia Federal se concede a fin de que cada una de las autoridades responsables adopten todas las medidas positivas necesarias, incluidas las normativas o reglamentarias, para garantizar la preservación, el suministro y el saneamiento sustentables de los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera.

Pide también que antes de otorgar prórrogas o nuevas concesiones o asignaciones de recursos hídricos sobre el Acuífero, realicen un análisis formal y científico de los efectos que su otorgamiento provocará sobre el ecosistema al que pertenece en un corto, un mediano y un largo plazo.

Y, con base en el resultado del análisis de impacto ambiental hídrico anterior, determinen sobre la procedencia o –incluso– la suspensión definitiva (con base en las reglas aplicables para ello) de las prórrogas o nuevas concesiones o asignaciones sobre dichos recursos hídricos, de tal forma que no se comprometa su acceso tanto a los quejosos, como el acceso de las generaciones futuras que habiten el mismo entorno.

AL TIRO

El amparo presenta una serie de argumentos que vale la pena resaltar: el derecho humano a un medio ambiente sano posee una doble dimensión, la objetiva o ecologista, que preserva al medio ambiente como un bien jurídico en sí mismo; y, la subjetiva o antropocéntria, conforme a la cual la protección de un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de las personas.

Cuando leo estas palabras, forzosamente uno piensa en todos esos casos en los que la autoridad ha sido omisa y de igual manera no se ha respetado el derecho a un medio ambiente sano: en Coahuila están los casos del río San Rodrigo y el río Sabinas son dos ejemplos de cómo ese bien jurídico lesionado provoca que no se garanticen los demás derechos reconocidos en favor de las personas.

Los grupos ambientalistas de La Laguna pusieron el ejemplo. Es posible que el máximo tribunal reconozca el derecho humano al agua y al medio ambiente, algo que ha pasado de largo ante los múltiples intereses empresariales.

Falta que ahora sí las autoridades acaten la disposición y cumplan.

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