El desechamiento del ‘Plan B’ debería implicar una rectificación de conductas

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sepultó ayer en definitiva el intento del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido de reconfigurar el sistema electoral del país mediante el uso de una “puerta trasera”, es decir, por la vía de modificaciones a diversas leyes secundarias.

El problema, además del contenido de las iniciativas, es que para imponer su punto de vista se utilizó un método antidemocrático. Y eso, por regla general, no puede venirle bien a la democracia.

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Más allá de los tecnicismos legales a partir de los cuales la Corte revocó ayer en su totalidad el paquete legislativo impulsado por el Presidente se encuentra un detalle fundamental: a diferencia de lo hecho a lo largo de más de tres décadas, estas reformas no fueron producto del diálogo ni el consenso, sino el intento de imposición autoritaria de una sola voz.

Ni siquiera durante los últimos gobiernos del PRI, partido al que se achaca -con razón- un comportamiento autoritario durante su época hegemónica, se registró un momento de cerrazón al diálogo como el que atestiguamos el año pasado, cuando el partido que hoy gobierna intentó imponer su voluntad, primero mediante la reforma a la Constitución y luego mediante el desaseado proceso de aprobación del “Plan B”.

Ese desaseo, por cierto, fue el que ayer juzgó la SCJN. No el contenido de las reformas, a cuyo estudio no entró, sino la inexistencia de formas republicanas a la hora de admitir y votar una reforma que los legisladores presentes en el Poder Legislativo ni siquiera leyeron.

No estamos hablando de algo menor, sino de un hecho de la mayor relevancia. Estamos hablando de un intento de imposición impropio en una sociedad que aspira a la democracia. Por ello, y no por otra cosa, en la Corte encontraron respaldo los argumentos de quienes controvirtieron las reformas, en nueve de los 11 integrantes del pleno.

La aplastante mayoría con la cual se rechazó el desaseo legislativo del partido que hoy aspira a ser hegemónico debería generar una reflexión entre sus dirigentes y figuras destacadas. Durante décadas, ellos mismos lucharon en contra de las pulsiones autoritarias de quienes usaron métodos anti democráticos para perpetuarse en el poder.

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La supuesta superioridad moral del “movimiento” que dice encabezar el presidente López Obrador no puede justificar, desde ninguna lógica, el que ahora ellos hagan exactamente lo mismo que antes criticaron y combatieron. Los actos de autoritarismo eran reprochables ayer y lo siguen siendo hoy.

Los ciudadanos habremos de asumir también el valor que tiene el fallo de la Corte, que es uno en defensa no solamente del estado de derecho sino, sobre todo, de las conductas indispensables en un país donde la división de poderes garantice la erradicación de los excesos en el ejercicio del poder público.

Habrá que celebrar el fallo, sin duda, pero será de mucha mayor utilidad que éste genere la reflexión a la que llaman los argumentos esgrimidos para soportarlo.