El fentanilo y el salvavidas de plomo
Mucho se ha escrito sobre la crisis de fentanilo que se vive en el norte del continente. En Estados Unidos, cifras preliminares muestran que cerca de 110 mil personas murieron de sobredosis durante 2022. Dos terceras partes de estos casos involucraron opioides. Ese año se estimó que 2.1 millones de personas en aquel país tenían un uso problemático. En Canadá, entre enero de 2016 y septiembre de 2022 hubo 34 mil 400 muertes por “toxicidad aparente de opioides”. En 2018, 3.7 millones de canadienses reportaron el uso de opioides para fines analgésicos. De estos, 10 por ciento reportaron uso problemático.
En México las cifras oficiales son escasas y poco creíbles. Para 2021, por ejemplo, las autoridades reportaron 19 muertes por sobredosis de opioides. Sin embargo, otras fuentes reportan cifras bastante más altas. Un estudio de la UNAM estima que, “en México, cada año ocurren entre 161 y mil 241 muertes relacionadas con sobredosis” de estas sustancias. Según el mismo estudio, la Cruz Roja reportó atender 328 casos por sobredosis durante 2020, sólo en la Ciudad de Tijuana.
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El costo de vidas es innegable. Para México, además, es necesario agregar los costos sociales e institucionales que han resultado de la crisis en un país ya colmado por la violencia, la rampante corrupción, la impunidad y la creciente presencia del crimen organizado. Pero lejos de atender el problema desde una perspectiva científica, autoridades de México y Estados Unidos se han embarcado en la construcción de otra crisis, ahora diplomática.
En Estados Unidos, en distintos momentos de este año, congresistas republicanos han presentado propuestas legislativas para autorizar el uso militar en contra de los cárteles mexicanos, amenazando la soberanía nacional. En respuesta a las presiones del norte, López Obrador ha negado públicamente la producción de fentanilo en México (a pesar de la abundante evidencia −incluso de datos oficiales− contradiciendo su declaración). Asimismo, AMLO acusó a China de producir fentanilo y permitir la salida de precursores químicos de sus costas. En abril incluso leyó una carta que dijo haberle escrito al presidente Xi Jinping, pidiendo su ayuda para detener los cargamentos de fentanilo provenientes de China. El gobierno chino respondió negando su responsabilidad en la crisis. La culpa, señaló el secretario de relaciones exteriores chino, era de Estados Unidos.
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Hacia adentro del país, la respuesta ante la crisis ha sido aún peor. Frente a la incapacidad del Estado de controlar los mercados ilícitos de drogas se ha optado por paralizar el mercado legal de opioides. Sin evidencia de que el fentanilo legal esté llegando al mercado negro, el gobierno ha generado escasez en el mercado legal, forzando a médicos y pacientes a usar peores alternativas en operaciones y para tratar el dolor. En abril, además, la Cofepris cerró la única fábrica en el país que produce metadona, un importante sustituto para tratar adicciones. Esto ha empujado a personas en tratamiento al mercado negro. Es decir, en lugar de seguir las recomendaciones de políticas públicas que han funcionado en otras partes del mundo, el Gobierno ha optado por una que empeora las cosas. Perjudica a pacientes −poniendo en riesgo su salud− mientras hace crecer el mercado negro y todos los problemas que ello conlleva. Un salvavidas de plomo, como dicen.
Profesora-investigadora del CIDE
