El jurista DH. Un nuevo reto de la AIDH
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La formación de juristas con perspectiva de derechos humanos es una obligación constitucional, una necesidad apremiante y una gran inversión para la próxima generación que apueste a una sociedad más libre, igualitaria y fraterna.
La Constitución, en efecto, establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben garantizar los derechos humanos. Las universidades, por tanto, tienen la obligación de formar profesionales de los derechos humanos como una garantía fundamental para asegurar los fines de una sociedad democrática.
Esta obligación, además, es un compromiso de política pública universitaria. En el ámbito nacional, por ejemplo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2021 establece como una de sus acciones la de incorporar la formación en derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo nacional para promover una cultura de paz y ambientes libres de riesgos y violencia.
En el ámbito local, el gobernador Miguel Ángel Riquelme impulsa desde el 2019 el Programa Estatal de Derechos Humanos que, entre otros objetivos prioritarios, destaca el de diseñar e implementar la enseñanza de los derechos humanos en el contexto escolar en todos los niveles educativos.
En el ámbito universitario, nuestro rector de la UadeC, Salvador Hernández Vélez, señaló como compromiso de su Plan de Trabajo 2021-2024 impulsar la agenda de derechos humanos mediante diversos medios para incentivar la participación de las y los universitarios en la defensa de los derechos, así como continuar incrementando la oferta académica de nuestra universidad.
Esta obligación, además, implica una necesidad en nuestra comunidad. En Saltillo, por ejemplo, más de 500 personas se quedan cada año sin posibilidad de acceder a un programa público de licenciatura en derecho. Su única opción es ir a la universidad privada. Nuestra universidad, por tanto, tiene que hacer el esfuerzo de abrir los programas que la sociedad demanda para asegurar una educación pública más accesible a las personas.
Esta nueva oferta educativa, además, le ofrecerá mayores recursos presupuestales a nuestra universidad en este contexto de crisis, porque justamente uno de los indicadores para recibir recurso es aumentar la matrícula de los programas educativos más demandantes de la sociedad.
Esta demanda anual, asimismo, es una necesidad apremiante porque el contexto actual de violaciones graves de derechos humanos exige que nuestra universidad se convierta en un líder para formar a los operadores del derecho de manera contemporánea. No basta hoy con ser formado en leyes de manera tradicional: es necesaria ahora la perspectiva de derechos humanos que asegure profesionales más comprometidos con la lucha de los derechos.
JURISTA DH
El jurista DH, por tanto, es una garantía fundamental para asegurar los valores de la dignidad humana. No hay justicia sin juristas comprometidos con los derechos humanos. Durante mi gestión me comprometí en consolidar los programas educativos que ofrece la Academia IDH.
Hoy tenemos ocho especialidades, dos maestrías y un programa de doctorado. Es la oferta educativa más importante que en materia de derechos humanos ofrece nuestra universidad. Me atrevo a decir que es la más relevante en toda la República Mexicana. Hoy tenemos alumnos incluso extranjeros que vienen a nuestros programas.
Ahora, por nuestra obligación legal que debemos de cumplir, lanzaremos una licenciatura en derecho con perspectiva de derechos humanos que distinga a nuestra universidad como uno de los programas que consolidarán los compromisos que han asumido nuestro rector, gobernador y Presidente de la República en sus planes de trabajo.
Será un programa de gran calidad, multilingüe, pluricultural y con una gran colaboración de profesores e instituciones de prestigio internacional en América, Europa y Oceanía. Nuestra planta de profesores son en su gran mayoría doctores con una gran obra académica que permitirá una gran educación de calidad a los jóvenes que aspiren a formarse en la defensa de los derechos.
La Academia IDH hoy ya cuenta con un grupo de treinta profesores, suficientes para ofrecer esta nueva oferta educativa que, además, será un buen indicador nacional para que nuestra universidad pueda recibir más recursos presupuestales para enfrentar los retos y desafíos de la universidad pública.
Hoy arrancamos mi tercer año de gestión con la posibilidad de tener en México la mayor y mejor oferta educativa de educación superior en materia de derechos humanos. Esa es mi obligación legal que debemos de cumplir como universitarios para asegurar una mejor sociedad que promueva los valores de los derechos humanos.
Mi compromiso es formar a las personas juristas que aseguren una mayor libertad, igualdad y fraternidad. No hay justicia sin juristas DH.
La autora es Directora general de la Academia IDH.
Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH
