El poder y el sistema judicial tienen una deuda histórica con los mexicanos

Es uno de los tres poderes de la Unión y su función principal es impartir justicia conforme a la Constitución y las leyes que de ella emanan. Tiene su fundamento en el Título Tercero, Capítulo IV, artículos 94 al 107 de la Constitución, donde se establece que “se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito”.

Y si vamos un poco más a profundidad, el Poder Judicial tiene las siguientes funciones principales: garantizar el Estado de derecho, proteger los derechos humanos mediante el juicio de amparo, resolver conflictos entre poderes o niveles de gobierno, interpretar la Constitución y las leyes, así como vigilar el comportamiento ético y profesional de los jueces y magistrados.

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¿Qué tanto conoces del Poder Judicial de la Federación en México? ¿Te ha cumplido, como ciudadano que eres, ese poder? Seamos sinceros, el Poder Judicial es, probablemente, un poder del que el mexicano promedio entiende poco en cuanto a su estructura, atribuciones, objetivos y funcionamiento. También es muy probable que la relación de este poder, así como del ecosistema a su alrededor, le ha quedado a deber mucho a los ciudadanos de a pie. Sin embargo, hoy se llevará a cabo la primera elección del Poder Judicial, la cual podría tener repercusiones de muy largo plazo en la vida del país. Tú, ¿vas a ir a votar?

La Lista Nominal de electores es de casi 100 millones de ciudadanos con credencial para votar vigente, de los cuales hay casi 52 millones de mujeres, prácticamente 48 millones de hombres y 282 (sí, doscientas ochenta y dos) personas no binarias. ¿Qué participación se espera que haya y qué porcentaje se consideraría una participación razonable que haga sentir o pensar que verdaderamente los ciudadanos tuvieron interés en ser parte de este ejercicio? Bueno, como referencia, en las elecciones federales de 2018 votaron poco más del 63 por ciento de los ciudadanos que estaban en las listas. En las intermedias de 2021 la participación se ubicó en poco menos del 53 por ciento y en las elecciones de 2024 votó el 61 por ciento del padrón. Es decir que, en los últimos 7 años, en elecciones federales, han salido a votar entre 50 y 60 millones de personas, considerando el tamaño del padrón cambiante.

El INE, a través de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei, comunicó apenas hace unos días que estiman una participación de entre el 13 y el 20 por ciento en la elección del Poder Judicial, es decir, unos 20 millones de votos en el mejor de los casos. Los motivos, las razones y las justificaciones de quienes pudiendo ir a votar y no fueron, serán seguramente muy variados y respetables. Habrá quien no entiende por qué de pronto hay que elegir a través del voto a cerca de 3 mil personas entre un universo de casi 8 mil candidatos, usando no menos de seis boletas distintas. Si voto, ¿legítimo una ocurrencia de la 4T y un plan que pudiera representar el debilitamiento del Poder Judicial frente a un Ejecutivo todopoderoso? Si no voto, ¿estoy dejando el destino de la democracia y la impartición de justicia en manos de un 20 por ciento? Si me animo a ir a votar, ¿podré hacerlo sin cometer errores con tanta boleta y candidato? ¿Tendré que hacer mi tarea antes de ir a la urna? Si no voy a votar, ¿será porque en realidad no entiendo para qué sirve el Poder Judicial en sus distintos circuitos y niveles? ¿Estoy protestando contra autoridades que probablemente no tengan el interés del ciudadano promedio en sus iniciativas y ocurrencias?

No es claro cuánto costará el proceso electoral. El rango de estimaciones va desde los 3 mil millones hasta los 30 mil millones. Unos 3 mil millones de pesos, según estimación del senador Ricardo Monreal, basada en estudios actuariales; alrededor de 7 mil millones de pesos, según la cifra mencionada por la presidenta Sheinbaum y estimaciones del INE; o hasta 30 mil millones de pesos si se toma en cuenta el proceso completo y las liquidaciones que se deberían pagar a jueces y magistrados que serán reemplazados, según un estimado del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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Sí, el sistema judicial entero requiere cambios drásticos y profundos, no sólo a nivel ministros, magistrados y jueces, sino en la forma y fondo de lo que hace y cómo lo hace. Ahí se deben incluir no sólo los perfiles de quienes merecen ponerse una toga, sino también el rol que juegan los abogados, notarios, ministerios públicos, fiscalías, personal administrativo, así como la influencia que tienen los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) sobre el Judicial, y viceversa.

Es difícil pensar que esta elección cambiará mucho las cosas e incluso pudiera ser previsible que, al final del proceso, acabemos con una colección de togas que estarán en muchos casos al servicio del ejecutivo y de un partido. Todas las señales que hay sobre el origen y el desarrollo de este proceso nos llama a aplicar el triste, pesimista y famoso refrán de “piensa mal y acertarás”. Por ahora, esperemos que la participación sea mejor a los estimados que flotan por ahí y que el silencio de los inocentes no se manifieste como voto de castigo al partido en el poder con un resultado que sólo le daría aún más poder a quienes mandan hoy en México.

@josedenigris