El SAT y su ‘lucha’ contra las empresas ‘factureras’

Una de las paradojas más interesantes en las sociedades modernas es que el ingenio humano, cuando se utiliza para subvertir las reglas que mantienen en pie a la comunidad, siempre parece llevarle la delantera a quienes hacen la contraparte, es decir, quienes luchan por mantener la conducta de todos los integrantes de la comunidad dentro del margen legal.

El asunto se complica todavía más cuando entra en juego la tecnología, pues las herramientas que esta provee implican que, quienes han decidido hacer de la ilegalidad una forma de vida, tengan a su alcance un abanico prácticamente infinito de posibilidades para perpetrar sus planes.

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Y del otro lado de la mesa no se encuentran solamente las personas comunes y corrientes, susceptibles de convertirse en víctimas de la delincuencia, sino incluso las propias entidades públicas responsables de hacer valer la ley y aplicarla por igual.

Un ejemplo claro de esta realidad lo constituye el reporte que publicamos en esta edición, relativo a la detección, por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de empresas dedicadas a simular operaciones con el propósito de eludir el pago de impuestos.

De acuerdo con datos de la propia institución, en los últimos ocho años han sido detectadas, operando en territorio coahuilense, al menos 357 de estas “empresas”, lo cual deja en claro que se trata de una auténtica “industria” cuya operación impide la recaudación de una porción de los ingresos que debiera captar el fisco mexicano.

¿Por qué ha proliferado la existencia de este tipo de “empresas” en el país y en el territorio de Coahuila? ¿Cómo pueden subsistir, al mismo tiempo, tantos “emprendimientos” de este tipo a pesar de todos los instrumentos legales que tiene a su alcance el Estado mexicano?

La respuesta genérica al cuestionamiento anterior es bastante simple: porque forman parte de cadenas de complicidad en las cuales, sin duda alguna, participan personas que se encuentran ubicadas en posiciones relevantes dentro de la estructura pública y cuya intervención en el entramado de elusión fiscal resulta determinante para conseguir el propósito central de toda red de corrupción: garantizar impunidad para quienes participan de ella.

Y es que solamente así, con la complicidad de quienes tendrían que hacer cumplir la ley, puede explicarse que al SAT y a las distintas agencias del gobierno mexicano, teóricamente diseñadas para combatir este tipo de prácticas, les resulte “imposible” poner freno a la actividad de las denominadas “factureras”, gracias a las cuales muchas personas han amasado importantes fortunas −ilegales− en los últimos años.

No hace falta ser muy perspicaz para tener claro que, en tanto no se rompan las cadenas de complicidad que se ubican detrás del universo de las empresas simuladoras de operaciones, el “negocio” que estas implican seguirá floreciendo y, como ocurre hasta ahora, el marcador seguirá mostrando al SAT como perdedor de la contienda.