Millones y millones de pesos son desviados de las arcas de la Secretaría de Educación Pública, a empresas foráneas, a través de un refinado sistema de facturación y de trabajos privados ficticios.
Al no alcanzar los votos necesarios para aprobarlo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto que proponía una interpretación de la Constitución sobre la prisión preventiva oficiosa
