Elección judicial en Coahuila, un proceso sin incertidumbre

La promesa más importante que se le hizo a la sociedad mexicana, cuando se modificó la Constitución para convertir a las posiciones de los juzgadores −a nivel federal y estatal− en cargos de elección popular, fue que “el pueblo” decidiría quiénes ocuparían dichos cargos.

Muy pocos −a quienes los observadores más críticos del proceso no dudan en calificar de ingenuos− han creído en la veracidad de dicha promesa. Tanto a nivel federal, como a nivel local, se ha dicho en todos los tonos posibles, la elección judicial no es más que una simulación.

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Pero, como se consigna en el reporte que publicamos en esta edición, en el caso de Coahuila esta afirmación adquiere cotas de verosimilitud no existentes en otras demarcaciones, pues en la mayoría de los casos las posiciones ya están “aseguradas” para los postulados y el que la ciudadanía acuda a las urnas y vote, es un hecho esencialmente irrelevante.

El caso más evidente es el de quienes han sido postulados para ocupar las magistraturas de los tribunales distritales del Estado. Se trata de cuatro posiciones para las cuales los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularon a las mismas cuatro personas.

En estricto sentido entonces, la “elección” ya ocurrió, pues no importa cómo voten los electores coahuilenses: los candidatos pueden considerarse electos desde ahora y no necesitan realizar ninguna clase de proselitismo para “alzarse con la victoria”. Bastará incluso con que sólo uno de ellos acuda a votar y cruce cualquiera de las planillas de la boleta para que se declare su triunfo.

Otro tanto ocurre con casi tres cuartas parte de quienes han sido postulados para jueces de primera instancia: dado que aparecen en las tres planillas propuestas, ya tienen asegurada la posición a la que aspiran.

Lo anterior deriva de las “peculiaridades” introducidas en la norma por el Congreso de Coahuila al “adaptar” los lineamientos constitucionales establecidos por el Congreso de la Unión: en nuestra entidad no se votará por personas en lo individual, sino por planillas que fueron integradas libremente por los tres poderes del Estado.

Lo anterior, aunado al hecho de que, desde la reforma constitucional se estableció la posibilidad de que los aspirantes pudieran inscribirse ante los tres poderes, ha dado como resultado la conformación de un mapa de candidaturas caracterizado por un hecho puntual: la incertidumbre respecto del resultado de la elección es mínima.

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Y la incertidumbre en el resultado, es necesario decirlo con toda claridad, constituye una característica esencial de las elecciones democráticas. Allí donde la incertidumbre no existe, resulta imposible afirmar que el resultado comicial será producto de la voluntad popular.

Como suele ocurrir desde hace mucho tiempo con las reglas electorales de nuestra entidad, seguramente la reforma judicial aprobada por el Congreso del Estado se convertirá en un caso de estudio, pues claramente no posee los rasgos de una norma democrática.