Embarazos en niñas: delincuencia impune
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De acuerdo con el numeral I del artículo 229 del Código Penal de Coahuila, “Se considera violación equiparada y se impondrá de once a dieciocho años de prisión y multa, a quien realice cópula con una persona de cualquier sexo, menor de quince años de edad”.
El texto de la regla es claro y no admite excepciones de ningún tipo: sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad es un delito en cualquier circunstancia. Además, dado que no existe señalamiento en contrario, se trata de una conducta que se persigue de oficio.
Por desgracia, pese a la claridad de norma penal, en Coahuila siguen registrándose casos de menores –niñas en realidad– que se convierten en madres a edad tan temprana como los 12 años, sin que el hecho movilice a las autoridades responsables de investigar y perseguir tales delitos.
Las cifras que proporciona el Consejo Nacional de Población (Conapo) y que incluimos en esta edición, resultan verdaderamente perturbadoras: tan sólo durante el año 2021 se registraron en Coahuila ¡407 casos!, de nacimientos en niñas de entre 12 y 14 años.
Tal realidad, que ubica a nuestra entidad como la de mayor índice de madres adolescentes, por cada 100 mil menores, en todo el país, implica que siete niñas de 12 años se convirtieron en madres el año pasado, junto a otras 51 de 13 años y 349 de 14 años.
Lo peor de todo es que el índice de madres adolescentes no ha dejado de crecer en Coahuila en el último lustro, lo cual deja en evidencia que no se está haciendo nada –o al menos nada eficaz– para contener este fenómeno que debiera indignarnos a todos.
Porque aquí no se trata solamente de “escandalizarnos” por el hecho de que una niña se convierta en madre a los 12 años, sino de cobrar conciencia del otro hecho grave que involucra tal realidad: el embarazo de esa menor es producto de la comisión de un delito que seguramente quedará impune.
La tipificación de conductas como delitos tiene el propósito de señalar con toda claridad el tipo de hechos que la sociedad no está dispuesta a tolerar. Pero que eso quede claro y, por tanto, la amenaza de castigo sirva para inhibir tales conductas está supeditado a que no haya impunidad.
En este sentido, diversas autoridades tendrían que trabajar coordinadamente para investigar los casos en los cuales se registra un embarazo adolescente y este evidencia la comisión de un delito: desde el personal médico que atiende el embarazo y el parto, hasta la Fiscalía General del Estado, pasando por las autoridades educativas y las encargadas de vigilar el sano desarrollo de las familias, las niñas y los niños.
Lo que está ocurriendo en nuestra entidad es una auténtica tragedia y las víctimas son niñas que, eventualmente, no han cursado siquiera la educación elemental, lo cual cercena de antemano sus posibilidades de desarrollo futuro. Permanecer impasibles ante esta situación también es un acto criminal.
