Estado de bienestar: avances, retos y desafíos

Los avances políticos, sociales y económicos de la Cuarta Transformación dirigida por el presidente Andrés Manuel López Obrador son efectiva plataforma para la continuidad del proyecto de nación que encabezará la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Los programas sociales como derechos constitucionales expresan la necesaria redistribución de la riqueza, con objetivos de justicia social y, asimismo, de consumo como componente de la demanda agregada, para impulsar el crecimiento económico. Más de 30 millones de familias son beneficiadas con apoyos directos.

Respecto a la economía, las cifras son positivas: generación de empleo, con tendencia a la reducción del trabajo informal; inversión directa nacional y extranjera al alza, con perspectivas de relocalización (nearshoring); recaudación impositiva al alza y sin privilegios fiscales; balanza comercial (importaciones-exportaciones) temporalmente superavitaria o deficitaria con tendencia estable; inversión pública en infraestructura productiva para estimular la inversión directa; inflación de un dígito con tendencia a la baja; entre otras.

Sin embargo, en la dinámica económica se presentan retos que se deben enfrentar con capacidad y efectividad, a saber: la revisión del T-MEC en el año 2026 podría presentarse con rispideces, sobre todo por los temas de energía eléctrica y la relación comercial de nuestro país con China, donde deberá privilegiarse la soberanía nacional, es decir, lo que más convenga a nuestro país; política industrial, con planeación regional y estrategias pragmáticas para incentivar sectores que requieran estímulos fiscales y financiamiento con tasa de interés preferencial; sostener una política educativa humanista y, también, orientada a la capacitación para la productividad; impulsar en el corto plazo la infraestructura productiva con sus componentes tangibles e intangibles, para aprovechar la relocalización; importante fortalecer infraestructura de generación y distribución de electricidad ante la inversión directa en el futuro cercano, sobre todo en energías renovables; propulsar paulatinamente al sector agropecuario para la soberanía alimentaria, sin descuidar las estrategias de importación para contener la inflación actual; avanzar en la seguridad pública y garantizar confianza para inversión; por tanto, es necesario fortalecer las finanzas públicas con reducción del déficit ingreso-gasto, para mantener los programas sociales y construir obras de infraestructura; por lo anterior, es ineludible la reforma fiscal progresiva y justa, con agilidad e innovación tecnológica recaudatoria y en la que se evite la elusión; entre otros.

La próxima administración federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, deberá enfrentar desafíos en crecimiento económico y en desarrollo integral: energías limpias y sostenibilidad; apoyos efectivos a micro, pequeñas y medianas empresas para generar y diversificar empleo formal; regulación para evitar oligopolios y prácticas desleales, así garantizar la competencia; reforma fiscal progresiva para la redistribución de la riqueza; incentivar la innovación tecnológica para impulsar más inversión y más empleo; continuar en la ruta del bienestar comunitario y social.

Los objetivos particulares, señalados así, deben orientarse a lograr el objetivo general: impulsar el crecimiento económico para la distribución y la prosperidad, para el desarrollo integral de la sociedad mexicana.

La estabilidad económica, la ruta del crecimiento y la redistribución de la riqueza requiere, de hecho, estabilidad política, laboral y jurídica, así que se deberán establecer puentes efectivos de negociación con los sectores sociales y productivos para construir acuerdos que favorezcan a todas las partes, lo cual sí es posible. No hay quiebre sexenal, sino continuidad del estado de bienestar con responsabilidad social.