Exigir cédula profesional, una discusión polémica

Quienes tienen la representación de la sociedad en un órgano legislativo sin duda tienen la legitimidad democrática para impulsar la modificación de las leyes que rigen la vida comunitaria. Sin embargo, es dable cuestionar hasta dónde llega esa legitimidad, por mucho que nos representen.

Uno de esos límites tiene que ver con la presentación de una iniciativa –autoría de la diputada Teresa de Jesús Meraz García, del grupo parlamentario de Morena– que busca reformar la Ley de Profesiones del Estado de Coahuila para exigir título y cédula profesional a quienes hayan cursado estudios, de más de 60 profesiones, para poder ejercer dichos oficios.

El cuestionamiento tiene que ver con un hecho puntual: al menos cinco de los actuales integrantes de la Legislatura estatal carecen de un título profesional o de la cédula que les acredite para ejercer profesionalmente los estudios que dicen haber cursado.

Ciertamente ninguna de las normas vigentes actuales impiden que alguien que no ha obtenido un título profesional pueda ser electo como representante popular y eso está bien, pues la calidad de representante de la ciudadanía no tiene por qué estar ligada a la calidad de profesionista.

Sin embargo, sí es cuestionable que quienes carecen de la calidad de profesionistas acreditados pretendan que el resto de los ciudadanos ejerzan el oficio al que han decidido dedicarse, de acuerdo con la libertad que tienen que para desarrollarse, sólo si cuentan con las acreditaciones respectivas.

No se trata, y también es necesario decirlo, de un asunto sencillo. Quienes se dedican, por ejemplo, al servicio médico, tendrían que ser personas certificadas en el desarrollo de las actividades inherentes a su profesión, pues se trata de una actividad que no admite la improvisación. Lo mismo puede decirse de otras profesiones como el derecho, la contaduría o la actuaría, por citar algunos ejemplos.

Pero la discusión respecto a las cualidades de profesional de un oficio, en todo caso, también podría restringirse solamente a quienes han cumplido con los requisitos exigibles para ostentar una profesión.

No se puede descalificar de plano a quienes, siendo representantes populares, consideran que es indispensable contar con un título y cédula profesional para dedicarse a determinadas actividades, pero también es dable exigir a quienes debaten el tema, tener una mínima calificación académica.

La pregunta, en todo, caso es: ¿quienes carecen de un título y/o cédula profesional pueden válidamente debatir la posibilidad de que otras personas se desarrollen profesionalmente en un oficio sin contar con el título y/o la cédula profesional respectiva?

O, visto desde otra perspectiva, ¿quienes no tienen un título o una cédula profesional deberían abstenerse de participar en este debate y de votar respecto de una norma de observancia general?

La polémica, en todo caso, está servida y debería dar paso a una discusión seria respecto del tipo de sociedad que deseamos construir.