Fiscalía Anticorrupción, ¿para qué ha servido realmente?

Hacia el final de la administración de Enrique Peña Nieto, uno de los sexenios de los que peor recuerdo se tiene en materia de corrupción en el sector público, la sociedad civil organizada de México obtuvo una resonante victoria: se acordó la creación el Sistema Nacional Anticorrupción.

Todo había iniciado con dos exigencias a las cuales el Gobierno Federal se opuso torpemente: la creación de la “Ley 3 de 3”, que implicaba la obligación de los servidores públicos de incorporar, a la ya existente declaración de situación patrimonial otra de intereses y la fiscal; y el establecimiento de reglas para garantizar la autonomía del Ministerio Público.

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Sin embargo, la forma como la administración Peña Nieto se opuso a tales demandas terminó obligándolo a ceder todavía más, abriendo el paso a un robusto mecanismo -al menos en papel- para combatir el fenómeno de la corrupción gubernamental.

Así, el Sistema Nacional Anticorrupción implicó la modificación de siete normas legales y la creación de dos entidades hasta entonces inexistentes en la mayoría de las entidad del país, entre ellas Coahuila: la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa.

La promesa de tal modelo era tan simple como difícil de cumplir: reunir, en torno a una misma agenda de trabajo, a siete instituciones públicas que sumarían esfuerzos para poner coto a las pulsiones de quienes, desde las oficinas públicas, son incapaces de resistirse a la tentación de utilizar sus puestos para beneficiarse de forma personal.

A poco más de seis años de distancia está claro que la promesa se encuentra incumplida y que el fenómeno de la corrupción sigue gozando de cabal salud. Y las cifras que consignamos en el reporte que al respecto publicamos en esta edición no dejan lugar a dudas.

Un solo botón de muestra es suficiente para evidenciar el acierto de la afirmación anterior: de 700 indagatorias iniciadas en los últimos seis años por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila, según ha revelado su titular, Jesús Homero Flores Mier, solamente se ha conseguido una sentencia condenatoria.

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Es verdad que casi la mitad de los casos (330 en total) han sido concluidos, muchos de ellos mediante el establecimiento de acuerdos reparatorios y, en ese sentido, podría afirmarse que hay un porcentaje alto de casos resueltos, sobre todo si se toman en cuenta los magros resultados logrados en otros rubros de incidencia delictiva.

Sin embargo, para un fenómeno de la magnitud de éste y para el tamaño de la promesa que se le hizo a la sociedad mexicana hace apenas un sexenio, los resultados son en realidad magros y no dan para documentar el optimismo de cara al futuro.

Cabría esperar que el compromiso por colocar al Sistema Anticorrupción a la altura de las expectativas ciudadanas sea renovado y se le inyecten nuevos bríos, pero por desgracia los signos que se ven en el horizonte, tanto a nivel federal como estatal, no permiten albergar muchas esperanzas.