Alcaldes y funcionarios municipales de Coahuila en la mira de la Fiscalía Anticorrupción
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La Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción investiga a 21 administraciones municipales por irregularidades financieras y peculado correspondientes a las cuentas públicas del 2021. Además, inició un procedimiento en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, y varios funcionarios acusados de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos por un monto cercano a los 100 millones de pesos.
La denuncia fue presentada por Karla Mónica Escalera Mendoza, quien ocupó la Secretaría del Ayuntamiento desde enero del 2022 hasta el 11 de enero pasado y decidió renunciar debido a las irregularidades detectadas.
Homero Flores Mier, Fiscal Anticorrupción, informó que están solicitando información al Ayuntamiento de Múzquiz para integrar la carpeta de investigación, a la que han sumado las notas periodísticas publicadas sobre los supuestos delitos cometidos por la alcaldesa de Morena y sus principales colaboradores.
Revisarán la documentación presentada en la denuncia y la que remitirá el Municipio para determinar si hay delitos que perseguir.
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A la alcaldesa también se le acusa de ejercicio abusivo de funciones, otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones, asignación ilegal de obra pública y por adquisiciones, arrendamientos y colocaciones de fondos realizados ilegalmente, entre otros delitos.
Añadió que están investigando 21 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado hace dos meses sobre cuentas públicas del 2021. Desconocen si hay responsabilidad directa de alcaldes o alcaldesas o si involucran a funcionarios municipales.
“Normalmente, los alcaldes tienen ciertas responsabilidades porque son quienes firman los contratos. Estamos integrando la información... la mayor parte de las denuncias son por peculado o desvío de recursos donde obtienen un beneficio personal”.
Flores Mier destacó que desde que se aprobó una reforma al Código Penal en el 2019, los delitos de peculado prescriben después de 7 años, lo que amplía el margen de actuación de las autoridades para sancionar el delito y consideró que el plazo debería ser mayor, aunque también se debe ponderar el tema de los derechos humanos.
