Hacia una 4ª Transformación militarizada

¿Por qué Andrés Manuel López Obrador decidió militarizar su 4ª Transformación?

Acaso, ¿porque en su delirante mente sesentera imaginó que las élites económicas, en colusión con la CIA, utilizarían las Fuerzas Armadas para darle un golpe de Estado? Tal como ocurrió en Guatemala (1954), Paraguay (1954 y 1989), Dominicana (1961), Perú (1962), Brasil (1964), Bolivia (1971), Chile (1973), Uruguay (1973) y Argentina (1976).

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¿Por qué ninguno de sus asesores le recordó que esos terribles sucesos ocurrieron en el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de 1947 a 1991 y que, difícilmente, podían repetirse fuera de ese contexto histórico? Seguro le insistieron, pero Andrés los tiró a lucas mientras dormía abrazado al Manual marxista de Marta Harnecker y al texto teórico sobre la dependencia de América Latina de Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto.

En los sueños de su siesta tabasqueña escuchaba las voces de esos asesores que le insistían: “al contrario de lo ocurrido en América Latina, Señor, en el México posrevolucionario las Fuerzas Armadas han sido leales e institucionales al Presidente de la República”. Su respuesta fue un ronquido gutural y profundo.

Bajo esa desfasada creencia, Andrés Manuel decidió −para evitar un golpe de Estado− crear un Estado militar dentro del Estado civil.

Hoy, el ejército mexicano ocupa, a nivel mundial, el lugar 31 por su número de tropas, poder adquisitivo y equipamiento (Global Firepower: 2023). De 2022 a 2023 subió 11 posiciones en la clasificación anual de los ejércitos más poderosos del orbe. Este posicionamiento es un reflejo del “incremento de 52 por ciento del presupuesto gubernamental destinado a los militares en los cinco años de Gobierno de AMLO, con respecto a lo destinado por la administración anterior en el mismo periodo de tiempo”.

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Recordemos. Este posicionamiento del Ejército mexicano no sólo es presupuestal. También es político, porque López Obrador le ha asignado responsabilidades de corte civil: por ejemplo, las Fuerzas Armadas “realizan tareas de seguridad pública, combaten al narcotráfico, administran aduanas, operan dos aeropuertos civiles y construyen obras prioritarias para la Administración actual, como el Tren Maya”, entre otras tareas.

WOLA, organización radicada en Washington que promueve los Derechos Humanos para una sociedad más justa, publicó −en fechas recientes− un informe titulado “Transformación Militarizada. Derechos Humanos y Controles Democráticos en un Contexto de Creciente Militarización en México”.

Entre sus hallazgos sustantivos se encuentran los siguientes: “México vive un proceso de creciente militarización de tareas civiles dentro y fuera del ámbito de la seguridad pública. Mientras presidentes anteriores presentaban la militarización como un proceso temporal que permitiría fortalecer el papel de las instituciones civiles −aunque en la práctica el despliegue militar se volvió el modelo permanente, en gran medida a costa de priorizar otras estrategias e instituciones de seguridad y justicia−, el actual gobierno impulsa una amplia militarización de tareas civiles a largo plazo, incluyendo la militarización de la Guardia Nacional.

“La actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente, pero revertir ese proceso y apostar por instituciones civiles es necesario para fortalecer el estado de derecho. Mientras tanto, durante el periodo que dure el despliegue militar en tareas policiales, es fundamental que el Estado instale controles civiles eficaces sobre su actuación”.

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Sus recomendaciones para transitar a un modelo civil de seguridad son dos: “Impulsar y monitorear la evolución de los programas estatales para mejorar el desempeño de las corporaciones policiales estatales y municipales. Estos deberían analizarse a partir de indicadores basados en las condiciones y los resultados concretos de las instituciones.

“Y desmilitarizar la Guardia Nacional, garantizando su auténtica dependencia de la autoridad civil y orientando su formación, composición y actuación hacia un modelo policial civil. Un paso necesario, aunque no suficiente, para lograr esta transformación es el pleno cumplimiento de la resolución de la SCJN de abril de 2023 que invalidó el traslado del control de la GN a la Sedena”.

Estamos avisados, pues.

Nota: El autor es Director General del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución