IMSS Coahuila: ¿qué puede hacerse ante el recorte?
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Y más en una entidad como Coahuila, donde la alta tasa de formalidad en el empleo demanda mayores capacidades
La atención a la salud, en su concepción más amplia, es una de las responsabilidades más importantes del Estado. Pero para cumplir con dicha obligación es indispensable que se canalicen –y se entreguen– los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las instituciones responsables de dicha tarea.
No basta, y eso es importante precisarlo, que se “etiqueten” recursos en el Presupuesto de Egresos –de la Federación o de los estados– sino que estos sean efectivamente entregados, de forma puntual y en la cantidad establecida, a los organismos del sector. Dejar de hacerlo implica, más allá de un grave incumplimiento, poner en riesgo la salud pública.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a un hecho preocupante: el “recorte” de más de 263 millones de pesos a los rubros de adquisiciones y proyectos de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila.
La cifra anterior se encuentra reconocida en el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2021 de acuerdo con el cual, al cierre del año pasado, solamente se entregaron al IMSS de nuestra entidad 201 de los 464 millones de pesos comprometidos en los apartados señalados.
Cualquier recorte en los presupuestos originalmente aprobados es importante, aún cuando pueda señalarse que se trata de un porcentaje reducido sobre las cifras globales. Y esto es así, porque ya de suyo el presupuesto que el IMSS recibe –en cualquier parte del país– es insuficiente para hacer frente a sus necesidades cotidianas.
Adicionalmente, en el caso de Coahuila estamos hablando de una entidad en la que la alta tasa de empleo formal que históricamente se ha registrado le aporta solidez financiera a la institución. Frente al esfuerzo que la iniciativa privada realiza es aún más injustificable el recorte presupuestal.
Lo peor de todo es que las malas noticias para la derechohabiencia de Coahuila no terminan ahí, pues el Presupuesto de Egresos de la Federación no contempla presupuesto alguno para la construcción de dos clínicas de medicina familiar proyectadas para Saltillo desde el 2019.
De acuerdo con la información conocida, los proyectos de estas dos clínicas ya fueron avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se contempla en ambas una inversión cercana a los 380 millones de pesos.
¿Es posible hacer algo frente a hechos como este, que disminuyen las capacidades institucionales en un Estado en el cual el alto volumen de empleos formales demanda una infraestructura de salud más robusta?
La realidad demanda no permanecer impasibles, aunque aquí es indispensable que la iniciativa privada y las autoridades estatales sumen esfuerzos para, de forma conjunta, exigir que los recursos destinados al funcionamiento del IMSS en la entidad no sufran recortes.
La situación de la principal institución de salud en el país ya es lo suficientemente precaria como para agravarla por esta vía.
