Jajomar y los parquímetros de Saltillo: la trampa de los contratos de adhesión

Uno de los instrumentos jurídicos que con mayor frecuencia deriva en abusos por parte de empresas inescrupulosas es el denominado “contrato de adhesión”. Se trata de un mecanismo legal mediante el cual una de las partes establece todas las reglas y la otra no tiene más remedio que aceptarlas.

Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de cualquier aplicación que descargamos en nuestros teléfonos. En el proceso de instalación se nos pide que aceptemos los “términos y condiciones” para el uso de la app, es decir, que firmemos un contrato para acceder al uso de la herramienta.

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El problema en ello es que no podemos negociar ninguna de las cláusulas: las aceptamos en su totalidad o no podemos hacer uso de la aplicación. Es la regla del todo o nada. Y por regla general, la “firma” del contrato es un acto que realizamos en automático, pues asumimos que se trata de una operación de buena fe y ningún perjuicio podría derivar de esta.

Sin embargo, cuando nos encontramos ante empresas inescrupulosas corremos el riesgo de resultar perjudicados. Es el caso de la aplicación “Parkum”, puesta a disposición de los usuarios de los parquímetros del Centro Histórico de Saltillo, y que en teoría sirve para pagar el servicio... y nada más.

Sin embargo, como lo consignamos en nuestra edición impresa de hoy, en los “términos y condiciones” de uso de la app se encuentra escondida una trampa: al aceptar dichos términos los usuarios otorgan su autorización para que la empresa Jajomar S.A. de C.V., operadora de los parquímetros, nos inscriba en una presunta “plataforma de recompensas”.

La trampa es redonda: a diferencia de muchas otras aplicaciones que intermedian pagos de servicios, Parkum exige a quien la usa que introduzca los datos de una tarjeta bancaria y “deposite” por adelantado recursos para el pago de su servicio, es decir, en realidad se trata de un servicio de los denominados “prepago”.

Y como al aceptar sus términos y condiciones nos vemos obligados a aceptar que nos inscriban a su “plataforma de recompensas” entonces pueden hacernos cargos regulares que, de acuerdo con las muchas denuncias públicas de usuarios, van de los 90 a los 150 pesos mensuales.

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Consultados al respecto por VANGUARDIA, los operadores del sistema han dicho que si a un usuario “le cobran y no la quiere, la cancela y solicita su reembolso”. La pregunta es, ¿por qué los usuarios deben someterse al engorro de cancelar un servicio que nunca contrataron realmente y solicitar el reembolso de un dinero que nunca debieron pagar?

La respuesta es que los usuarios carecen de mecanismos eficaces de protección y, en términos estrictos, se encuentran a merced de empresa carentes de principios éticos, como es el caso, que no dudan en aprovechar la ventaja que les supone la posibilidad de obligar a sus clientes a firmar un contrato de adhesión tramposo.

Cabría esperar que frente al abuso surjan iniciativas que impidan la subsistencia de este tipo de esquemas que constituyen una ilegalidad absoluta.