Jorge Torres, ¿por qué no avanza la investigación?

Ha transcurrido casi un año desde que el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres López, fue liberado por las autoridades de los Estados Unidos luego de permanecer en prisión poco más de dos años y medio y tras confesarse culpable del delito de lavado de dinero que implicó recibir sobornos por la asignación de obras públicas durante el período que fungió como gobernador de Coahuila.

Como se ha comentado en múltiples ocasiones, no estamos ya ante una sospecha o ante una conjetura, sino ante hechos que en el argot del Derecho Penal se denominan “verdad jurídica”. Lo importante de tal señalamiento es que se trata de hechos que ya no requieren ser demostrados.

Insistir en este aspecto es importante porque la declaración de culpabilidad que Torres López realizó ante una jueza en los Estados Unidos tiene que ver con el reconocimiento expreso de que se benefició de forma personal de su participación en actos de corrupción realizados en México.

Una precisión importante alrededor de este hecho es que se trata de conductas por las que Torres López no ha sido juzgado. El Gobierno de los Estados Unidos le investigó, le persiguió y le condenó por haber utilizado el sistema bancario de aquel país para blanquear el dinero ilegal que obtuvo en México, pero no podía juzgarle por los hechos mediante los cuales lo obtuvo.

En este sentido, tendrían que ser las autoridades mexicanas –las estatales de Coahuila en primer lugar, pero también las federales– las que investigaran tales hechos, con la ventaja de que prácticamente ya les hicieron toda la tarea del otro lado del Bravo.

En esencia, lo único que hace falta para juzgar y condenar aquí a Jorge Torres, por los delitos que cometió aquí en contra del patrimonio de los coahuilenses, es solicitar el expediente judicial en Estados Unidos y traducirlo. La ruta del dinero, los montos, los implicados, la forma de operar... todo está ahí.

Pero más allá de que exista un expediente judicial en el cual se consignan todos los elementos anteriores lo más importante, como ya se mencionó, es que Jorge Torres ya confesó que todo eso es cierto y, en una video llamada que todos pudimos ver, admitió que el reconocimiento lo hacía de forma libre y voluntaria.

La gran pregunta entonces es, ¿por qué ninguna autoridad mexicana ha avanzado en la integración de uno o más expedientes en contra de Jorge Torres que, además de juzgarle por los delitos que ya confesó haber cometido, permitan recuperar alguna parte de lo que se robó a las arcas estatales?

Habrá quien diga que a nivel Coahuila poco puede esperarse porque, como se ha visto a lo largo de los años, se construyó una red de complicidades que ha impedido conocer la verdad. Y tendrá razón.

Pero la Federación podría ejercer su facultad de atracción y llevar el asunto a otro nivel de forma que se desplieguen acciones, a favor de la sociedad coahuilense, capaces de resarcir, así sea parcialmente, el daño provocado. Cabría esperar que así ocurriera.