Plantea Sheinbaum homologar sueldos de diputados locales en el país; divide posturas en Coahuila

La mañana de este miércoles, al abordar la reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, planteó la necesidad de ‘equiparar’ los sueldos de los diputados locales en el país, al señalar que existen congresos estatales donde las percepciones son considerablemente más altas que en otros.

La mandataria sostuvo que los legisladores deben apegarse al principio de “justa medianía” y evitar ingresos adicionales o bonos que representen una carga para estados con recursos limitados. Indicó que hay congresos donde un diputado puede ganar hasta cinco veces más que en otras entidades, lo que consideró necesario revisar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Abucheada en Monclova, pura grilla de Morena... hasta a la Presidenta le dio pena’: Manolo Jiménez

Al respecto, el diputado local por Morena, Antonio Attolini, consideró que la propuesta se inscribe en una discusión más amplia sobre la reorganización del sistema político y el gasto en los estados. Recordó que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador se planteó reducir el número de legisladores locales y regidores como parte de una reforma electoral considerada en el llamado ‘Plan A’.

Attolini señaló que en Coahuila el salario mensual de un diputado ronda los 94 mil pesos y afirmó que no existen incentivos adicionales como bonos de gasolina o viáticos extraordinarios, por lo que el salario se destina al trabajo, especialmente en el caso de los legisladores de las regiones Laguna, Centro-Desierto, Norte y Carbonífera, que tienen que viajar como parte de sus labores legislativas. Añadió que la Constitución ya establece un tope salarial para servidores públicos, donde la persona titular del Ejecutivo federal es quien tiene la percepción más alta.

También apuntó que el presupuesto anual del Congreso local es de alrededor de 300 millones de pesos y consideró pertinente revisar comparativos con otras entidades para determinar si existen desproporciones.

En el mismo sentido, el diputado morenista Alberto Hurtado expresó su respaldo a la iniciativa presidencial y señaló que cualquier medida orientada al ahorro de recursos públicos y a la austeridad debe analizarse y discutirse.

En contraparte, el diputado del PAN Gerardo Aguado sostuvo que el debate debe abordarse con responsabilidad y datos técnicos. Reconoció que es válido revisar posibles excesos, pero advirtió que no se debe debilitar el federalismo ni la autonomía de los congresos estatales.

Afirmó que en Coahuila el Poder Legislativo ha mantenido un manejo responsable de los recursos, sin esquemas de privilegios o bonos ocultos, y señaló que cualquier ajuste debe considerar la realidad presupuestal, poblacional y la carga de trabajo de cada entidad.

“Austeridad sí, pero debilitamiento institucional de ninguna manera. Si existen casos donde haya desproporciones que son evidentes, como lo dice la presidenta, entre el salario de un legislador y la realidad económica de su estado, por supuesto que debe revisarse. Pero también hay que tener cuidado con generalizar. No todos los congresos son iguales, ni todos los estados tienen la misma estructura presupuestal, ni todos los estados tienen la misma población, ni todos los estados tienen la misma carga legislativa.” explicó.

Por su parte, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Valdés, señaló que la discusión sobre las percepciones de quienes ejercen una función pública debe abordarse con responsabilidad y plena apertura a la transparencia. Indicó que si el objetivo es fortalecer la rendición de cuentas y evitar posibles excesos, cualquier planteamiento debe analizarse con seriedad.

El legislador subrayó que cada Congreso estatal opera bajo condiciones distintas, como el tamaño poblacional, el número de diputaciones, la carga de trabajo y el contexto presupuestal, por lo que no todas las entidades pueden evaluarse bajo los mismos parámetros.

En el caso de Coahuila, afirmó que se cuenta con una Legislatura proporcional y un presupuesto contenido, por lo que consideró que el análisis debe sustentarse en datos comparativos y criterios técnicos, priorizando la eficiencia, la claridad en el uso de los recursos y la responsabilidad institucional.