La discrecionalidad: ese viejo vicio mexicano
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Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan; ese es el juramento que todo individuo realiza al asumir un cargo público, ya sea por la voluntad popular, ya sea por el ejercicio de las atribuciones individuales o colectivas de quienes pueden designarle.
La solemnidad del acto en el cual se registra el compromiso es mucho más que un acto protocolario o “para la foto”. Se trata de la asunción de un compromiso legal cuyo incumplimiento se castiga. No por nada el ceremonial de asunción concluye con la advertencia de que, en caso de que el servidor público incumpla sus obligaciones, la sociedad deberá demandárselo.
Por desgracia, según podemos constatar cotidianamente, para la inmensa mayoría de los servidores públicos el protocolo de asunción no constituye ningún compromiso y lo olvidan tan pronto como concluye el acto y pueden dedicarse a lo importante: disponer arbitrariamente de los recursos públicos que deben administrar.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al desproporcionado incremento en el gasto en nómina que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó en siete organismos públicos descentralizados del Gobierno estatal, dos municipios, dos sistemas de agua potable y dos organismos públicos descentralizados de los municipios.
Se trata, es preciso decirlo, de la consecuencia de un vicio fuertemente arraigado en el servicio público en México: quienes recién llegan al poder lo hacen cargando una serie de “compromisos” que implican, entre otras cosas, dar de alta en la nómina pública a quienes “les ayudaron” a lograr su objetivo.
En otras palabras, se trata de una de las peores traducciones del sentido patrimonialista del poder, pues el hecho de haber ganado una elección hace creer a quienes integran nuestra clase política que tienen legitimidad para disponer libremente de los recursos colectivos.
Pero entre las leyes que se compromete a cumplir quien accede a un cargo público en Coahuila se encuentra la de Disciplina Financiera, según la cual el gasto en nómina en los entes públicos de nuestro Estado solo puede crecer ajustándose a la siguiente fórmula: lo que resulte menor entre el tres por ciento y el crecimiento del PIB estatal.
Muy lejos de tal posibilidad, en el Simas de Castaños se incrementó el costo de la nómina en 163 por ciento; en el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) en 40 por ciento; y en el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa en 27 por ciento. Por su parte, los gobiernos municipales de Sacramento y Morelos aprobaron incrementar sus nóminas en 32 y 17 por ciento, respectivamente.
Como se ha dicho en innumerables ocasiones, quienes acceden al poder público suelen observar este tipo de conductas porque, aún cuando se ventilen públicamente los hechos, no pasa absolutamente nada. Cabría esperar que esta vez estemos ante la excepción de esta “costumbre histórica”.
