La excelencia profesional en el Poder Judicial

En general, la función pública exige una profesionalización que asegure un mejor servicio a la ciudadanía. Un cuerpo de funcionarias y funcionarios con alta capacitación garantiza que el gobierno realice de manera adecuada sus responsabilidades.

La tarea de gobernar no es sencilla. Tampoco debe ser improvisada. Las decisiones que se toman nos afectan. En gran medida, el buen gobierno exige un buen funcionario que, de manera ética, profesional y prudente, tome las mejores decisiones que le correspondan conforme a la ley.

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En la justicia, las personas encargadas de ejercer la jurisdicción para resolver los conflictos de la ciudadanía deben de contar con un perfil profesional: no solo basta tener un título de licenciatura en Derecho; es necesario, además, formarse en la técnica y ética judicial para que la ciudadanía acceda de manera efectiva y real a la justicia.

Cuando las personas tienen que acudir a los tribunales del fuero común para resolver sus problemas civiles, mercantiles, familiares, penales o laborales, se dan cuenta de la importancia de un juez profesional.

Sus derechos están en juego. Y, por ende, si un juez insensible, sin capacidad técnica o deshonesto va a resolver su controversia, la incertidumbre de acceder a la justicia genera un gran malestar social. La ciudadanía, por ende, tiene derecho a contar con jueces altamente profesionales.

Durante el año pasado, la reforma judicial generó un cambio sustancial en la forma de elegir a los jueces. Pero ¿la elección popular garantiza jueces profesionales? No.

En realidad, lo que en el mundo garantiza un sistema de justicia profesional son las escuelas judiciales. Los juristas que pretendan ejercer la magistratura judicial necesitan ir a formarse en una escuela que les permita prepararse de manera adecuada para desempeñar un cargo judicial.

En los mejores sistemas de justicia, existe siempre un curso inicial que, de tiempo completo, asegura una formación profesional. Además, los aspirantes judiciales necesitan concursar para demostrar que tienen los conocimientos y los méritos suficientes para resolver las controversias legales.

Solo así, el sistema de justicia asegura un cuerpo de funcionarios judiciales altamente capacitados y especializados para resolver las controversias de la sociedad.

En lo personal, desde el principio de mi carrera tuve la oportunidad de irme preparando a la función judicial que ejerzo, desde que fui defensor público, secretario de acuerdo de juzgados, secretario de estudio y cuenta de las salas y secretario general del tribunal.

Luego me preparé con más de tres maestrías, cinco especialidades y un doctorado. He sido profesor de Derecho toda mi carrera judicial. Entiendo, por tanto, la importancia que debe tener la preparación académica, profesional y la práctica judicial para estar realmente habilitado para ejercer un cargo judicial.

ESPECIALIDAD JUDICIAL

Durante la semana, el Poder Judicial de Coahuila y la Academia IDH han convocado a los funcionarios judiciales del estado, a los litigantes, a los defensores, a los fiscales y, en general, a los juristas, para que cursen una especialidad de posgrado de un año para tener los estudios y prácticas de alta formación judicial.

Es un programa accesible, impartido por doctores nacionales e internacionales de gran reconocimiento académico y profesional.

Este tipo de programas permiten tener una mejor justicia. Pero sobre todo una garantía de formación judicial para que nuestros jueces cuenten con herramientas profesionales para ejercer de manera ética y responsable su encargo judicial.

En Coahuila, trabajamos en equipo con los tres poderes y con la sociedad civil, para ofrecer respuestas a los retos y desafíos de esta reforma judicial.

El autor es Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza y fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos