La importancia de conmemorar el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura

El 26 de junio de 1987 entró en vigor la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A raíz de este hecho significativo, diez años después, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó, mediante el acuerdo A/RES/52/149, el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

La relevancia de conmemorar este día reside en la necesidad imperiosa de recordar para evitar la repetición de tales atrocidades y para no tolerar que estos actos crueles persistan. Es fundamental reiterar la responsabilidad de los Estados en cumplir con este instrumento internacional, cuyo objetivo es erradicar cualquier acto cruel, inhumano o degradante, e instar a aquellos Estados que aún no han firmado a que lo hagan.

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La Convención define la tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, de castigarla, intimidarla, coaccionarla, o por cualquier motivo basado en cualquier tipo de discriminación, siempre que dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, instigados por ellos, o con su consentimiento o aquiescencia”.

Asimismo, la Convención especifica en sus artículos 2 y 14 que la responsabilidad de los Estados firmantes no sólo es no consentir, sino también implementar medidas para impedir los actos de tortura, además de asegurar la reparación del daño causado a las víctimas de tortura. En relación con las obligaciones de los Estados establecidas en estos artículos, México ha optado por implementar la Estrategia Nacional Contra la Tortura 2023.

El pasado 27 de junio, en el marco conmemorativo de la entrada en vigor de la Convención contra la tortura, la Secretaría de Gobernación publicó la Estrategia Nacional Contra la Tortura 2023. Este plan se basa en dos ejes fundamentales: la prevención y la atención a las víctimas, aspectos que concuerdan con lo establecido en el artículo 14 de la Convención.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes propone la creación de un Programa Nacional contra la Tortura, sin embargo, ante la imposibilidad de implementarlo se optó por la publicación de una Estrategia Nacional. Esta misma Ley indica que la Fiscalía General de la República debe establecer bases para coordinar a nivel nacional el diseño, desarrollo, implementación y aplicación del Programa Nacional. Sin embargo, en febrero de este año, la Fiscalía expresó su incapacidad para cumplir con esta obligación, lo que resultó en la falta de implementación de una política nacional de combate a la tortura.

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Por este motivo, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, en colaboración con la Secretaría de Gobernación, unieron esfuerzos para crear e implementar la “Estrategia Nacional contra la Tortura 2023”, que tiene como objetivo prevenir estos actos atroces y atender a las víctimas.

Las cifras revelan una situación alarmante en México. Desde 2014, se ha indicado que la tortura en este país se ha practicado de forma generalizada y en un contexto de impunidad, según el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. A enero de 2023, la Fiscalía General de la República informó que se abren ocho expedientes diarios por casos de tortura y que en los últimos cinco años se han abierto 14 mil 243 expedientes. El Informe de Causa en Común sobre atrocidades de alto impacto durante el periodo enero-abril de 2023 expone que se registraron al menos 664 casos de tortura.

Estos números alarmantes enfatizan la necesidad de visibilizar esta fecha. Es un recordatorio para que, como sociedad, actuemos con empatía y solidaridad, apoyando a las personas que, lamentablemente, fueron sometidas a tratos tan indignantes, y para que ejerzamos presión para que obtengan justicia.

Pero, sobre todo, es un llamado para que el Estado mexicano cumpla con la obligación de adherirse íntegramente a lo establecido en la Convención y la Ley General en materia de Tortura. Por ejemplo, este año, en el marco conmemorativo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, se presentó la Estrategia Nacional como una forma de remediar la imposibilidad de implementar un Programa Nacional. Lo ideal es que cada conmemoración traiga consigo acciones que busquen materializar una verdadera prevención, sanción y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La autora secretaria técnica de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH