La incertidumbre arancelaria traerá nuevos costos

Pinelopi Koujianou Goldberg, Project Syndicate.

NEW HAVEN- La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular los amplios aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (1977) fue una clara victoria para quienes creen en el Estado de derecho y en las instituciones democráticas. Pero la celebración duró poco (dentro y fuera de los Estados Unidos), porque el fallo de la Corte generó de inmediato un aumento de la incertidumbre respecto de la política comercial de Estados Unidos y sus relaciones con otros países (incluidos sus aliados históricos).

Para empezar, el fallo da a los importadores estadounidenses derecho a obtener reembolso de los aranceles ilegales que pagaron. Determinar los plazos, destinatarios y montos de esos reembolsos será una pesadilla burocrática que llevará años resolver. Ahora que la inteligencia artificial pone en riesgo muchos puestos de oficina (incluidos los de abogados y contables), habrá quien vea con buenos ojos una demanda adicional de ese tipo de trabajo. Pero esto se contradice de plano con la promesa del gobierno actual de aumentar la eficiencia y reducir al mínimo la interferencia gubernamental en la actividad empresarial.

Un efecto más importante es que en la búsqueda de una nueva justificación legal para los aranceles, se ha creado una ensalada de medidas temporales, investigaciones sectoriales, negociaciones bilaterales y excepciones por motivos de seguridad nacional. El gobierno invocó la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para iniciar nuevas investigaciones de prácticas comerciales desleales, con énfasis en China, la Unión Europea y otros socios de Estados Unidos. Pero también dio señales de que para conservar la esencia de su estrategia comercial, seguirá usando otros instrumentos jurídicos, por ejemplo aranceles temporales conforme a la sección 122 de la ley antedicha y medidas sectoriales específicas conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

Aunque la base jurídica de los aranceles puede cambiar, la orientación de la política será la misma; se prevé que los porcentajes arancelarios se mantengan más o menos igual que en 2025. Pero ya no se trata sólo del costo económico directo (que felizmente hasta ahora fue reducido, sobre todo debido a incoherencias en la implementación); hay que considerar también tres costos adicionales.

En primer lugar, las nuevas investigaciones (junto con las negociaciones y regateos derivados) aumentarán todavía más la incertidumbre. Incluso a pesar de los inevitables cuestionamientos legales (o tal vez como resultado de ellos), los gobiernos y empresas extranjeros seguirán expuestos a cambios de políticas, medidas sectoriales y amenazas, y esto tendrá efectos negativos sobre la inversión y las decisiones a largo plazo en relación con las cadenas de suministro.

Está comprobado que la incertidumbre sobre barreras comerciales futuras puede obstaculizar el ingreso a mercados, la inversión y la actividad exportadora. La razón es sencilla: las empresas basan sus decisiones no sólo en los costos actuales, sino también en las expectativas sobre el acceso futuro a mercados. Cuando estas se vuelven inestables, las empresas postergan o reducen sus compromisos a largo plazo.

Esto vale sobre todo para las cadenas de valor globales. La fabricación moderna depende de relaciones costosas de crear y difíciles de reconfigurar en poco tiempo. La decisión de una empresa respecto de dónde comprar componentes, dónde ubicar una nueva planta o qué mercado abastecer desde un lugar de producción concreto no depende solamente de los aranceles del momento: también influye la credibilidad de las reglas aplicadas a los intercambios transfronterizos.

Cuando el lugar de esas reglas lo ocupan las amenazas, las investigaciones, las exenciones temporales y los cambios súbitos, incluso aquellas empresas que no son el blanco directo de esas acciones tienen motivos para adoptar estrategias más defensivas: invertir menos, diversificar (con pérdida de eficiencia) o, sencillamente, esperar. Tal vez esto no se traslade de inmediato a los precios de los productos importados o a las estadísticas de crecimiento, pero los perjuicios económicos aparecerán tarde o temprano.

En segundo lugar, en el intento de los diversos gobiernos de satisfacer las exigencias de Estados Unidos en forma bilateral, la guerra arancelaria se está convirtiendo en una competencia mundial en torno a subsidios, decisiones de ubicación y acceso a mercados. Esto genera una presión «insostenible» sobre el sistema comercial mundial, como advirtió hace poco el gobierno británico. Corea del Sur aprobó una ley que habilita cuantiosas inversiones en industrias estadounidenses estratégicas, en el marco de un acuerdo comercial previo; y en Europa el debate también está pasando de la cuestión arancelaria hacia la estrategia industrial en general.

Estos ejemplos ponen de relieve el tercer costo adicional de la política comercial estadounidense (que tal vez sea el más significativo): el paso de un sistema comercial basado en reglas a otro basado en el poder. Los aranceles discrecionales fomentan negociaciones bajo presión, alientan a tomar represalias, restan credibilidad a los acuerdos comerciales y provocan debilitamiento de alianzas a largo plazo valiosas.

En este sentido, la estrategia actual de los Estados Unidos está llevando al mundo hacia un equilibrio institucional particularmente nocivo. Aliados que deberían dar una respuesta concertada a desafíos compartidos (desde la resiliencia de las cadenas de suministro hasta el cambio climático) se ven arrastrados todo el tiempo a negociaciones bilaterales con Estados Unidos que generan fricciones políticas. Y los países más pequeños o pobres con poco o ningún poder de negociación quedan a merced de las grandes potencias económicas.

Esto puede parecer una cuestión secundaria cuando en Medio Oriente se libra otra guerra que puede tener serias repercusiones económicas. Pero la política comercial suele ser presagio de conflictos y cambios geopolíticos más amplios. La idea de que la primacía global depende de hundir al resto del mundo (que fue la base del giro estadounidense al proteccionismo en 2018 y desde entonces definió la política de Estados Unidos hacia aliados y no aliados) no es tan diferente de la mentalidad de Irán cuando precipita una crisis energética mundial en nombre de la supervivencia. Cuando la mayor economía del mundo da un ejemplo, los demás países tienden a seguirlo.

Tal vez la Corte Suprema le haya puesto límites a un instrumento de política, pero no resolvió el problema subyacente: la creciente discrecionalidad de la política comercial. Si la tendencia no se revierte, el mundo enfrentará una nueva realidad de incertidumbre permanente, que puede resultar incluso más dañina que los aranceles. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Traducción: Esteban Flamini

Pinelopi Koujianou Goldberg, ex economista principal del Grupo Banco Mundial y jefa de redacción de American Economic Review, es profesora de Economía en la Universidad Yale.