Caso Vanguardia: Persisten prácticas de dilación y hostigamiento en Poder Judicial, acusan expertos
Especialistas en Derecho afirman que a pesar de las elecciones judiciales, las estructuras operativas mantienen vicios
A pesar de la reciente renovación de titulares en el Poder Judicial, el caso de acoso judicial contra Grupo Vanguardia ha revelado que las estructuras operativas de los tribunales mantienen prácticas de dilación y hostigamiento que especialistas consideran heredadas de administraciones anteriores.
De acuerdo con el presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano, ante la falta de experiencia o capacidad de algunos de los nuevos magistrados, el control efectivo de las resoluciones continúa en manos de los secretarios proyectistas, quienes estarían sosteniendo una supuesta línea de persecución política y patrimonial.
La polémica surgió tras una resolución del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, calificada por juristas consultados como un “absurdo jurídico”. Según los señalamientos, el tribunal transcribió el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero omitió el inciso c de la fracción XVIII.
Dicho inciso resulta relevante porque exime a las personas extrañas a un procedimiento de agotar recursos ordinarios antes de promover un juicio de amparo.
De acuerdo con esta interpretación, al eliminar dicha excepción, el tribunal pretende obligar a Inmobiliaria Casanar, S.A. de C.V., a responder dentro del juicio ejecutivo mercantil 1139/2008, pese a no figurar como parte demandada, manteniendo así un embargo que la empresa considera ilegal sobre sus bienes.
LA SOMBRA DE LOS PROYECTISTAS
Desde el ámbito jurídico, Xavier Laureano señaló que, aunque los magistrados del circuito son de reciente designación, el funcionamiento interno de los juzgados permanece prácticamente intacto, ya que “el personal de carrera, específicamente los secretarios proyectistas, permaneció en sus puestos”.
“Quienes realmente elaboran los proyectos de resolución son los secretarios proyectistas; los magistrados reciben el proyecto, lo revisan y lo firman”, afirmó Laureano.
Indicó que esta dinámica permite que, si el personal operativo actúa bajo una consigna previamente definida por intereses externos, las resoluciones continúen favoreciendo el hostigamiento sistemático, pese al relevo de quienes encabezan los órganos jurisdiccionales.
VÍNCULOS E IRREGULARIDADES
La red de irregularidades que sostiene este caso involucra a personajes como Luis Ramos Escalante, notario identificado como cercano al exgobernador Humberto Moreira, quien ha sido señalado por supuestamente exceder sus facultades al intervenir en actos relacionados con inmuebles ajenos al litigio.
También figura Monika Elizabeth Zertuche Sánchez, exdirectora del Registro Público de la Propiedad y colaboradora durante el gobierno de Moreira, quien habría participado en el registro irregular de los embargos.
Asimismo, se menciona a Elsa María del Pilar Flores Velázquez, exjueza señalada por ordenar la inclusión de inmuebles de terceros dentro de las medidas cautelares.
Cabe mencionar que, debido a la presunta alteración del contenido de la ley, los magistrados involucrados podrían ser sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa, de acuerdo con especialistas consultados.
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