La justicia contra la desaparición forzada

Opinión
/ 29 agosto 2021
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Este lunes se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que significa reconocer como problemática estructural a una de las violaciones más graves de lesa humanidad.

En este marco, el Gobierno de México instalará el Grupo Coordinador para dar inicio a la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Este es una garantía especial que las familias, sociedad civil y organismos internacionales han ido construyendo con la Comisión Nacional de
Búsqueda a fin de identificar a las más de 50 mil personas que se encuentran en el limbo en diferentes lugares del País.

El problema actual de la desaparición de personas plantea, sin duda, la agenda más compleja que el Estado mexicano debe enfrentar en materia de derechos humanos. No sólo se trata de garantizar la principal demanda de una familia de una persona desaparecida: buscar y encontrar a su ser querido. También implica asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de esta práctica inhumana que deja a la sociedad sin lo más importante, una familia sin vida digna.

Dentro de esta agenda de Estado: ¿qué papel debe jugar el Poder Judicial local como una institución principal que le corresponde garantizar el acceso a la justicia a las víctimas?

A los jueces locales, en sus diferentes ámbitos ordinarios (civiles, familiares, laborales o penales), les corresponde atender con mayor sensibilidad los casos de las personas desaparecidas para salvaguardar sus derechos fundamentales, principalmente. No sólo para construir una jurisprudencia que amplíe la mayor protección de su dignidad, sino porque el acceso a la justicia a favor de las víctimas por desaparición exige una tutela reforzada.

En esta etapa de crisis, los jueces penales, sin desatender el debido proceso a que tienen derecho las personas que son juzgadas por este tipo de crímenes de lesa humanidad, debemos generar una nueva interpretación judicial que se centre más en la protección de la dignidad
del más débil.

En efecto, el papel de un juez penal no sólo reside en imponer una pena justa al responsable de una desaparición. Los jueces también debemos tener en cuenta una mayor protección de los derechos de las víctimas. La desaparición implica una violación grave que afecta un sin número de derechos que los jueces debemos identificar para poder generar las garantías judiciales de mayor protección.

En un voto particular sobre un caso de femidesaparición señalé que la función del juez penal no se limita en establecer la prisión que corresponda. La búsqueda efectiva, la verdad, la reparación integral, la igualdad procesal, la aplicación retrospectiva de la ley más favorable, la consulta, la pena, la memoria, etc., son derechos que en un caso los jueces debemos tutelar (Véase: bit.ly/3vb6Ypy).

Por ejemplo, el derecho a la búsqueda exige la construcción de una nueva interpretación que delimite las obligaciones de las autoridades, tanto de búsqueda como ministeriales, para buscar a las personas. La semana pasada participé en un diálogo con la asociación mexicana de juzgadoras en donde una madre nos contaba cómo nos ven a los jueces las víctimas: como inalcanzables. En lugar de ser aliados de las víctimas, los jueces nos hemos ganado el rostro de la indiferencia que genera injusticia e impunidad.

El listado de los derechos que se afectan en una desaparición es múltiple, pluriofensiva. No sólo se violan varios derechos, sino que su impacto es de trascendental gravedad. Juzgar casos de desaparición exige, por tanto, jueces sensibles al dolor de
las víctimas.

Para darnos cuenta del problema, siempre pongo un ejemplo: pensemos como padre o madre de familia cuando en un lugar perdemos de vista por un segundo a nuestro hijo o hija. La angustia es terrible. Ahora pensémoslo como una situación arbitraria, permanente e injusta en donde las personas no saben por qué desapareció su hijo, ni tampoco tiene respuestas diligentes de la autoridad para buscar y encontrar su paradero.

El dolor es inmenso. Los jueces que examinamos estas situaciones de injusticia no podemos sumar más dolor a la desaparición. Nuestros criterios, a partir de la ley, deben ir enfocados a tutelar de la mejor manera todos los derechos de las víctimas de desaparición.

Hoy nos corresponde un papel principal a los jueces: garantizar justicia a las víctimas por desaparición. Nosotros somos el último eslabón del sistema de justicia, pero somos los primeros responsables en consolidar el acceso a la justicia que hoy reclaman miles de familias de personas desaparecidas.

El autor es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila de Zaragoza

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH