Las pasiones políticas tienden a conflictuarse con la legalidad. La virtud de la democracia no sólo es la elección legítima de gobernantes y representantes populares, también su capacidad para canalizar civilizadamente la competencia por el poder. Quienes luchan por ganar todo intentan para prevalecer; en la democracia es la ley la que determina los límites con autoridades administrativas y judiciales que hacen valer las reglas.
Se asume que el tránsito del país a la democracia dio por resuelto estos asuntos, más allá de las limitaciones del marco legal, como el contenido restrictivo de las libertades, la dificultad para contener el dinero ilegal, la irracional regulación de los tiempos de campaña y la ausencia de reglas para impedir a las autoridades incumplir con el código de imparcialidad a que están obligadas. Sin embargo, la legalidad está siendo comprometida por el crimen organizado y la intervención ilegal del gobierno.
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El presidente no puede contener su devoción por hablar. Su obsesión por el poder no lo vuelve igual que sus antecesores, sino peor. El artículo 134 de la Constitución le impide ser parte de la contienda, aunque no le importa por su evidente y reiterado desdén a la ley. Para él la autoridad presidencial no tiene contención, ni siquiera para cuidar los datos privados de un particular, caso de la periodista Natalie Kitroeff del NYT. Su proyecto político prevalece sobre la Constitución.
La cuestión es que el proceso electoral está regulado. La infracción al mismo por el presidente lo compromete y da lugar a un litigio en todas sus partes antes, durante y después de la jornada electoral; no sólo refiere a la elección presidencial, sino a todas las contiendas, ya que el efecto corruptor a todas implica. La reproducción de las palabras de López Obrador en medios locales son elementos de prueba suficientes para documentar la ilegal interferencia.
El INE no tiene dientes para actuar. Sus sanciones son inocuas porque la ley es muy limitada. Además, la Consejera presidenta Guadalupe Taddei ha optado por llevar la fiesta en paz con el recurrente violentador de las reglas del juego. Seguramente no es la postura de muchos otros consejeros, tampoco la de los magistrados electorales. La realidad es que el presidente carece de contención e interfiere como ocurrió este fin de semana al polemizar con los dos candidatos presidenciales de oposición respecto al futuro de las refinerías.
El presidente invoca derecho de réplica para violentar el marco legal. Extraño caso para quien ha negado tal prerrogativa legal en sus incursiones mañaneras, con frecuencia cargadas de calumnias e insultos. El derecho de réplica es ciudadano, es de los gobernados. Las autoridades tienen la obligación de informar, no de opinar o de difundir juicios de valor, mucho menos de insultar a particulares, como ha quedado en claro en la suspensión definitiva obtenida por Raymundo Rivapalacio ante la mención calumniosa que ha hecho de él en sus mañaneras, supuesto que se replica para muchos periodistas aludidos.
Bien es sabido que el factor de mayor preocupación para la legalidad de la elección proviene del crimen organizado. La elección en curso será la más violenta de la historia, pero también en la que los criminales actúan con absoluta impunidad en amplias zonas del país con el propósito de determinar el resultado electoral. Es una situación grave que todas las autoridades comparten, menos el principal responsable de la seguridad pública o comandante supremo de las fuerzas armadas y jefe del Estado mexicano, postura secundada por la candidata Claudia Sheinbaum.
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La violación a las reglas del juego no sólo quedan en términos de la ilegitimidad del resultado, asunto suficientemente grave para que ocupara y preocupara a autoridades, partidos y competidores. También tiene que ver con la legalidad que, como se ha señalado, no sólo remite a la elección presidencial, sino a cualquier resultado de las elecciones en curso al violentar la equidad en la elección, tornando impugnable cualquier triunfo del oficialismo en el ámbito del contencioso electoral.
De celebrarse que los candidatos presidenciales concurran a eventos a expresar sus posturas y propuestas, como el organizado por la iglesia Católica. Los partidos y candidatos deben sumarse a la invitación de la Conferencia del Espiscopado Mexicano para firmar un acuerdo para la paz y enviar un mensaje de que más allá de las diferencias existe unidad para dar curso a la legalidad y frenar el estado de impunidad que sufren varios estados del país.
