La seguridad pública es también un derecho humano

Por principio, para hablar de un tema tan sensible como la seguridad pública, sepamos qué es. Se trata de una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que estriba en salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, comprendiendo asimismo la prevención especial y general de los delitos, y en su caso la sanción de los mismos conforme a la ley. Enfatizo, es la protección contra todo peligro que amenace o atente contra la vida, la integridad física, la libertad y la legítima propiedad de los bienes de las personas. Se refiere a la protección del ejercicio de las libertades, derechos y garantías del ciudadano vial.

Ahora bien, la seguridad pública entendida como derecho humano implica el que el estado garantice a la ciudadanía, en lo colectivo y en lo individual, su ejercicio. Empezando por los propios cuerpos de seguridad que se encargan de mantener el orden público, ya que son los primeros obligados a no violentar los derechos humanos de los ciudadanos. Independientemente de que exista una diversidad de conceptos de seguridad pública, hay un denominador común en todos ellos, que es la protección de la ciudadanía que requiere de un Estado de Derecho para una mejor convivencia social y desarrollo, tanto en lo individual como en lo social. Si la autoridad cumple con la responsabilidad establecida en nuestra Carta Magna, como garante de la seguridad pública consagrada como derecho humano, la sociedad podrá gozar de las condiciones óptimas para su desarrollo y a su vez se podrá garantizar el Estado de Derecho. Es importante subrayar, verbi gratia, que los cuerpos policiacos capacitados y bien pagados, contribuyen de manera significativa a que se alcance este objetivo...ah...y por supuesto con cero tolerancia a los actos de corrupción.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha establecido un concepto más amplio que es el de Seguridad Humana, entendida como: “La necesidad de evitar amenazas tales como la enfermedad, el hambre, el desempleo el crimen, el conflicto social, la represión y los riesgos ambientales, es decir, significa crear las condiciones necesarias para que personas puedan vivir y desarrollarse en circunstancias acordes a su dignidad intrínseca”. Como podemos apreciar, la anterior definición engloba no sólo la seguridad pública de las personas, sino que abunda en su desarrollo integral, toda vez que pretende garantizar alimentación, libertad, evitar conflictos y represión.

Para que haya seguridad pública, es esencial que prive una situación de tranquilidad, y esa tranquilidad es producto de políticas públicas implementadas por los gobiernos de los tres niveles, es decir, federal, estatal y municipal. La seguridad que prive en una comunidad es demanda la construcción de una cultura de paz. Y en esa tarea gobernantes y gobernados deben de colaborar. De ahí la relevancia de que en la elaboración de los Planes Nacional y Estatales de desarrollo participe la CIUDADANÍA. Ese es un ejercicio democrático.

Un plan de desarrollo que se precie de serlo se construye con la gente, es la oportunidad de los gobernados de participar y presentar opiniones y propuestas, sobre problemáticas específicas que los aquejan y alternativas viables para solucionarlas. La autoridad va a conocer de primera mano el descontento, la preocupación de la sociedad para la que gobierna. Este es un ejercicio democrático de gran calado que consolida la actuación del estado y deja de ser un ente lejano para sus mandantes.

En un escenario de esta naturaleza la paz puede transitar y afianzarse como algo intrínseco de la sociedad que se abre a ella, no solo significará la ausencia de guerra, sino el ambiente sine qua non para que la población se desarrolle armoniosamente, como corresponde al ser gregario del que fuimos dotados y que hemos ido dejando que se pierda en las desavenencias y las mezquindades que hemos permitido que enraícen en la comunidad de la que somos parte. Ya es tiempo de que nos enteremos que tenemos derechos y libertades y de que aprendamos a ejercerlos en armonía.

Los cimientos sobre los que se construye una cultura de la paz son los valores, tradiciones, conductas, actitudes y estilo de vida, todos cohesionados a respetar, promover y proteger los derechos humanos. Partamos del respeto a la vida, del respeto a la soberanía, del respeto a nuestros derechos y libertades fundamentales –por favor conózcalos, están en nuestra Constitución–, del compromiso de arreglar nuestras humanas diferencias por la vía del diálogo que edifica y privilegia el raciocinio, del esfuerzo conjugado en plural para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección al medio ambiente, del fomento a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, del respeto a la libertad de expresión, con voluntad para escuchar puntos de vista diferentes a los nuestros sin encresparnos, démosle fuerza en los hechos a los principios de democracia, justicia, tolerancia, solidaridad, cooperación, diversidad cultural. Toda esta amalgama es parte sustantiva de la seguridad ciudadana.

Como usted, que hace favor de leerme, se habrá percatado, no solo depende de la actuación del estado, de sus políticas públicas, la seguridad de la sociedad de la que somos integrantes, también de nuestra responsable participación ciudadana. Obrará en beneficio nuestro asumir la parte que nos corresponde como mexicanos y como ciudadanos, ya es hora, repito, de asumir responsabilidad como tales. Los gobernantes no vienen de otro planeta, emanan de la misma comunidad, en la medida en que esa comunidad se esmere en dar lo mejor de sí misma, quienes lleguen a un cargo público serán de cien con mención honorifica.

La marginación no engendra cosas buenas, pero tiene antídotos. Se llaman educación de calidad, formación en valores – en casa se enseñan con el ejemplo-, generación de condiciones para que el país, la entidad federativa, el municipio, se conviertan en sitios ideales para que haya fuentes de empleo con salarios que permitan a las personas vivir acorde a su dignidad, entre otros. Y la seguridad pública es la que le da un atractivo de primera a la inversión de capitales. Hagamos que suceda esta maravilla, entre todos. Coahuila es una ínsula. Somos muy afortunados.