Fue el Estado. Fue su responsabilidad y ahora tienen que cumplir con la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Fue el Estado (la Fiscalía de Coahuila) el que no entregó a Marcela Balderas el cuerpo de su hijo Cosme Alarcón Balderas, de 16 años, asesinado, cuando lo tenía en la morgue.
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Fue responsabilidad del Estado perder el expediente de ese homicidio que impidió que la madre viera las fotos por siete años. Fue responsabilidad del Estado que cuando la madre descubrió que su hijo desaparecido había sido asesinado el mismo día que comenzó la búsqueda, se encontró con que la Fiscalía no sabía dónde estaba el cuerpo.
Fue responsabilidad del Estado que a cinco años de que Marcela identificó el cuerpo de su hijo en las fotografías, de realizar exhumaciones masivas en panteones y de analizar cientos de restos óseos, se haya llegado a la conclusión de que el cuerpo fue extraviado.
La crisis forense, que evidenció en todo el país la guerra contra el narcotráfico, provocó que cientos de miles de personas asesinadas y que no fueron identificadas hayan sido enviadas a fosas comunes de panteones municipales sin el más mínimo control: no se extrajeron muestras genéticas de los cuerpos, no había orden de las fosas comunes, se inhumaban cinco, seis, siete cuerpos en una misma fosa común, se echaban desnudos, sin bolsas, en costales para comida.
Y esto era responsabilidad de la Fiscalía.
El ejemplo del desastre forense que privaba en Coahuila es el caso de Cosme Humberto Alarcón Balderas. Cosmelín, como le llamaba su mamá Marcela Balderas, desapareció el 5 de mayo de 2011 en Torreón. Tenía 16 años.
Cosme debió de encontrarse con su mamá después de terminar su labor como empacador en un City Club, pero nunca llegó a la cita. Desde entonces su madre lo buscó, sin saber que ese mismo día por la noche su cuerpo fue hallado debajo del Puente Plateado que une Torreón y Gómez Palacio.
Marcela, la madre, lo buscó en todos lados, entre esos lugares, las morgues. Sin embargo, cada que acudía le decían que no había ningún cuerpo con las características de su hijo. ¿La razón? Los encargados creían que Cosme tenía 25 años.
Lo que debió de ser una historia menos triste, terminó en convertirse en el claro ejemplo de los descuidos y negligencias forenses.
Fue 7 años después, en 2018, que Marcela identificó a su hijo por las fotografías de una carpeta de homicidios. Pero la historia se volvió una doble desaparición, pues las autoridades no sabían dónde habían enterrado a Cosme.
Esto motivó a que las autoridades realizaran exhumaciones masivas en los panteones, primero de Torreón, después de todo el Estado. Pero cinco años después, el cuerpo de Cosme no apareció.
La Fiscalía de Coahuila lo perdió.
Prácticamente, el caso ocurrió en el primer año de gobierno de Miguel Riquelme. Pero se va a ir sin resolver el paradero del cuerpo de Cosme.
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AL TIRO
El 1 de marzo de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza, donde básicamente establece la responsabilidad de los entes públicos por los daños y perjuicios que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los particulares.
“Tiene derecho a ser indemnizado, el particular que sufra daños materiales o perjuicios, derivados de actos administrativos públicos irregulares realizados por los entes públicos”, dice la Ley.
Es evidente que las omisiones, negligencias y acciones de la Fiscalía han causado que a la fecha no se sepa dónde está el cuerpo de Cosme, y que por consecuencia la madre padezca una serie de enfermedades, haya perdido su casa y no pueda conseguir empleo, y una cadena más extensa de consecuencias.
El caso de Marcela Balderas no es sólo el ejemplo de la crisis forense y las negligencias del Estado, sino también es reflejo de que la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Coahuila es letra muerta.
