Los derechos humanos en México, a examen

El pasado 5 de febrero se celebró el 107 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante este tiempo ha sido modificada al menos 256 veces. Una de las reformas constitucionales más relevantes fue la reforma del 10 de junio de 2011, en la que se reconocieron constitucionalmente los derechos humanos de las personas y se establecieron las garantías para lograr su efectiva protección.

Esta reforma modificó por completo el entendimiento de los derechos de todas las personas y puso en el centro de la discusión a la dignidad humana, de ahí que los derechos no sólo se limitarán al catálogo establecido en la Constitución, sino también de los tratados internacionales firmados por México. Este cambio cimbró el sistema constitucional, institucional y social, porque permitió que el efecto irradiador de los derechos humanos impactará en todo el sistema. Logrando con ello leyes más protectoras y un cambio de mentalidad (gradual) de las autoridades.

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Pese al significativo avance que en materia de derechos humanos hemos logrado, su eficacia sólo se puede medir a partir de una evaluación objetiva. Una de ellas es el Examen Periódico Universal (EPU), que es uno de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que permite evaluar los avances y desafíos en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Específicamente, el EPU es una revisión que hacen determinados países a los informes que rinden cada cuatro o cinco años los Estados miembros de la ONU y donde se toma en cuenta el resultado del examen anterior y el seguimiento a las recomendaciones realizadas en su momento. En este proceso interactivo de revisión se involucra también la sociedad civil y otros organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

México ha sido evaluado en otras ocasiones, sin embargo, el cumplimiento a las observaciones realizadas en su momento se ha limitado a las acciones normativas y al retiro de reservadas de tratados, no así a resolver los problemas estructurales y reales sobre el cumplimiento sustantivo de las graves violaciones vividas en materia de derechos humanos. Este año el Consejo de Derechos Humanos manifestó su preocupación a México en varios rubros, destacando de manera alarmante la desaparición forzada de personas, el incremento de la violencia generalizada y la discriminación por identidad de género o nacionalidad.

El Consejo expresó su preocupación por el alarmante número de desapariciones (más de 114 mil personas) y la impunidad casi absoluta que padecemos, por lo que en este rubro recomendó adoptar todos los registros, bases de datos e instrumentos previstos en la ley y asegurar una adecuada difusión y transparencia de la metodología utilizada para la confección de dichos registros. También hizo especial mención en la necesidad de fortalecer la capacidad de las fiscalías especiales en materia de desaparición de personas para redoblar los esfuerzos en la investigación.

Por lo que hace al incremento de la violencia, el Consejo manifestó su preocupación por las denuncias de impunidad sistémica de los responsables de crímenes violentos, como matanzas y ejecuciones arbitrarias, y por los informes según los cuales las familias víctimas ven entorpecido el acceso a sus derechos, al no ser atendidas de manera pronta, exhaustiva e imparcial. También destacó las altas y crecientes tasas de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y los altos índices de letalidad que se registraban en el país. Así como la formación de autodefensas en algunas entidades como Guerrero y Michoacán. Al respecto recomendó al Estado fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad pública civiles para garantizar la seguridad de la población en todo su territorio y evitar que grupos de autodefensas sustituyeran al Estado.

Otro punto sobre el que se pronunció el Comité fue la identificación de altas tasas de violencia y discriminación motivadas por la orientación sexual o identidad de género, por tener el estatus de migrante o por ser un desplazado interno. En este sentido, también se expresó especial consternación por el incremento de la violencia contra niñas y mujeres. Así como el aumento de violencia de género para migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos. Por lo que recomendó que se garantizara que todos los casos de violencia de género, incluidos los casos de tortura sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas se investiguen adecuadamente. Asimismo, reparó con desazón en el incendio ocurrido en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023, cuando murieron 39 migrantes y solicitantes de asilo. Desde la ONU se pidió una investigación oportuna, completa e independiente para determinar responsabilidades, así como garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares, y para que se adopten medidas de reparación adecuadas.

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Como se puede advertir, a pesar de los importantes avances normativos en materia de derechos humanos, su efectiva aplicación dista mucho de reflejar las buenas intenciones constitucionalmente consagradas. Esto se refleja en la actual crisis de violación a derechos humanos y la intensificación de violencia armada que se vive desde hace más de 15 años. La principal debilidad, me parece, es la falta de voluntad política para abordar estas delicadas problemáticas y para atenderlas con responsabilidad y eficiencia.

No obstante, el EPU es una valiosa oportunidad para que México evalúe y mejore la situación de los derechos humanos, tome en cuenta las recomendaciones y haga el esfuerzo de implementarlas. Es indispensable que el Estado mexicano continúe cooperando con organismos protectores de derechos humanos como la ONU, que siempre podrán proporcionar orientación, asistencia o supervisión en las diversas áreas de oportunidad identificadas, y nosotros como sociedad civil tenemos el compromiso de seguir exigiendo, supervisando y evaluando la correcta aplicación de nuestros derechos.

La autora es Directora del Centro de Derechos Civiles y Políticos de la Academia Interamericana de Derechos Humanos

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH