Los suspirantes, cuyos partidos pretenden legitimidad, pero no pagar el precio

El presidente López Obrador ha innovado el proceso sucesorio. En primer término, él se erige abiertamente como la autoridad superior para procesar la candidatura presidencial; en segundo, los tiempos anticipan todo lo razonable; de hecho, la sucesión inició desde 2021 al mencionar a quienes se perfilaban en la selección; la exclusión inicial de Ricardo Monreal además de injusta, acreditó el poder presidencial para beneficiar y castigar; tercero, intentó evitar la polarización incluyendo a un tercero con bajo conocimiento, pero con la mayor cercanía y confianza del presidente, gobernador nombrado secretario de Gobernación; cuarto, la encuesta reemplazó a la urna y al votante.

Hoy el Consejo Nacional de Morena formaliza las reglas y próximamente se conocerán las renuncias de los aspirantes en un proceso al margen de los tiempos de precampaña establecidos en la ley. El proselitismo de los aspirantes excluye los debates y sólo se considerarían los medios afines al oficialismo, seguramente incluye a las televisoras. Es evidente que el procedimiento afecta a quien lleva ventaja y beneficia al candidato menos conocido, o sea, al hasta hoy secretario de Gobernación Adán Augusto López.

Para algunos el tema fundamental a resolver es si la encuesta tendrá solo una pregunta; en realidad, más relevante es si se segmentará a los encuestados para excluir a quien no votaría por Morena o rechaza a López Obrador. Otro tema nada menor es si se utilizarían varias casas encuestadoras o solo una, al parecer la postura del presidente es que sólo sea una, seleccionada escuchando a los aspirantes.

Las oposiciones formales no han tenido la velocidad del jefe del Ejecutivo; no por escrúpulos respecto a la legalidad, simplemente no les corre prisa. Al menos se reunieron después de las elecciones del Estado de México para decir que sí van en coalición PRI, PAN y PRD. Que para el 26 de junio se determinaría el método para seleccionar candidato y que excluían abanderar a un desafecto del oficialismo. De acuerdo a versiones filtradas, de las que no se sabe si son ya consensuadas o de sólo de uno de los partidos, tales como reducir a 100 mil las firmas para ser considerado como posible candidato, en lugar del millón al que se refirió Marko Cortés; que habría debates en país y que se seleccionaría a través de encuesta.

Por su parte, en el frente cívico se han alzado voces exigiendo la democratización del proceso de selección. Ellos han expresado su determinación de organizarlo de común acuerdo con los partidos opositores. Mientras, Movimiento Ciudadano reitera que no iría en coalición, pero sin precisar la modalidad bajo la cual seleccionaría a su candidato presidencial.

Siete partidos políticos nacionales concurrirán a la elección. Llama la atención que ninguno de ellos haya optado por la democratización del proceso de selección presidencial. PVEM y PT se allanaron a la postura que surja del Consejo Nacional de Morena. El PRI, PAN y PRD confían más en las encuestas que en las urnas. Son más baratas, pero menos confiables y en ninguna parte son utilizadas a manera de sustituir procesos electorales. MC que pretende diferenciarse del resto, confirma que también dejará la decisión a discreción de su dirigente histórico, Dante Delgado.

Los aspirantes es la parte más visible de lo que sucede al interior de las organizaciones políticas que procesan las candidaturas. Al presidente López Obrador no se le puede regatear que modificara la manera de resolver la sucesión, muy a su modo, al margen de la legalidad, anticipando tiempos y con la modalidad de la encuesta a pesar de su dicho sobre la consulta ciudadana o de que el pueblo tiene el derecho a decidir los temas más fundamentales; por lo visto, quien deberá continuar con su proyecto político no es materia para que el pueblo decida.

En el lado opositor son muchas las personas con trayectoria de relieve. No hay manera de que un grupo cerrado pueda determinar con acierto quién es la mejor opción. Tienen la oportunidad de abrir el proceso, conciliar inclusión con orden, legalidad con participación; credibilidad con innovación. Para ello es indispensable que sea un directorio ciudadano el responsable de dirigir el proceso, asunto crítico para los dirigentes de los partidos.