Minería del Carbón. Desorden y Tragedia

Cada vez es más frecuente escuchar las frases de aliento: no hay que perder la esperanza, estamos haciendo todo lo posible por rescatarlos, oremos porque estén vivos, abrazamos el dolor de los familiares. Y también: estamos investigando de quién es la concesión, quién la opera, quién es el responsable. Estas frases se escucharon una vez más con motivo del último accidente minero ocurrido el pasado tres de agosto en el municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.

Las actividades mineras en México son responsabilidad de las autoridades

federales. En el caso del carbón tienen las atribuciones de otorgar concesiones, expedir permisos de explotación, aprobar manifiestos de impacto ambiental, supervisar la seguridad de las minas, constatar el acceso a la seguridad social de los trabajadores, la compra de mineral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y, por parte de esta Comisión, llevar a cabo licitaciones, asignar los contratos a empresas, además de verificar que sean realmente productos y que cumplan con las disposiciones normativas.

Debido a que las dependencias responsables no cumplen a cabalidad con sus atribuciones y a la opacidad de los contratos de la CFE, han proliferado pequeñas minas verticales, llamadas pocitos, que por su técnica rudimentaria operan al margen de la norma establecida pero que se tornaron “necesarios” por el incremento en el coyotaje encargado de cumplir con los volúmenes de compra estipulados por los beneficiarios y la CFE.

Es en estos pocitos donde más frecuentemente se han presentado los accidentes mineros en los últimos años, y cada vez que ocurre uno de ellos aflora la realidad. No hubo seguimiento a las concesiones por parte de la Secretaría de Economía del ámbito federal, no hubo supervisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los trabajadores no estaban afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en ocasiones había menores de edad trabajando, la CFE otorgó contratos sin verificar capacidad de producción, y se desconoce quiénes son los productores responsables.

Como sucede normalmente, en poco tiempo el accidente se olvida y mientras tanto la lista de mineros heridos o muertos sigue aumentando, como si fuera algo normal, como si estos trabajadores fueran prescindibles.

México necesita el carbón de Coahuila y de la Región Carbonífera. Es imprescindible para la producción del acero y necesario en la generación de energía eléctrica. La minería del carbón continuará, al menos por los siguientes noventa años. Pero es urgente terminar con la negligencia y el desorden en la explotación minera, que ha limitado el desarrollo económico diversificado de la Región, ha invadido las reservas territoriales municipales que permitan el crecimiento armónico de las ciudades, ha deteriorado profundamente el medio ambiente, ha lastimado los márgenes del Río Sabinas y ha sido campo propicio para actos de corrupción y de descomposición social.

La sociedad de la Región Carbonífera y en particular las familias de los mineros ya no quieren escuchar frases de consuelo. Lo que quieren es oír de las autoridades su compromiso de poner orden de una vez por todas en la actividad del carbón. Que la CFE transparente sus contratos, que las dependencias asuman sus responsabilidades, que se supervisen las minas y que no se permita la operación de aquellas fuera de norma que pongan en peligro la vida y la salud de los trabajadores.