Mujeres en la justicia

El pasado 19 de diciembre rendí protesta como Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Asumir esta responsabilidad me ha traído diversas reflexiones respecto al tránsito del órgano jurisdiccional desde su creación como órgano especializado del Poder Judicial del Estado en el año 2001, con motivo de lo cual, el 14 de febrero del año 2002 se instaló formalmente como máxima autoridad en la materia, dotado de independencia y autonomía.

En aquel momento, al formar parte del Poder Judicial, la Constitución Estatal disponía que, una vez declarada la conclusión de los procesos electorales, continuaría actuando como órgano Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, resolviendo, en segunda instancia, los asuntos de la materia que le asignara el Pleno.

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Dicha disposición que fue suprimida mediante reforma de fecha 2 de agosto del 2007, reservándose para el Tribunal Electoral el conocimiento exclusivo de los asuntos correspondientes a la materia electoral, lo que fue reforzado con la reforma electoral del año 2014, que lo constituyó como órgano autónomo, especializado en la materia y modificó la forma de designación de sus integrantes, quienes a la fecha son designados por el Senado de la República.

Durante estos casi 23 años, la institución ha sido dirigida por 4 hombres (16 años) y una mujer (6 años): Elena Treviño Ramírez (2002-2008); Edmundo Rodríguez Barrera (2008-2014); Daniel García Nájera (2014-2015); Valeriano Valdés Cabello (2015-2018); Sergio Díaz Rendón (2015-2024); sin embargo, permanentemente la totalidad de personas que hemos laborado en el Tribunal hemos sido mayoritariamente mujeres, representando dicho género, al día de hoy, el 61.90 por ciento del total de sus integrantes.

Esto es coincidente con los datos que arrojó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal, elaborado por el INEGI, que mostró que a pesar de que las instituciones de impartición de justicia están conformadas de forma paritaria, en aquellos cargos de liderazgo y toma de decisiones difícilmente se cuenta con un 30 por ciento de mujeres.

En efecto, a finales de 2019 el 49.5 por ciento del personal del Poder judicial Federal eran mujeres, pero para entonces había habido 13 ministras contra 202 ministros; además, de las 11 personas ministras, 3 eran mujeres y 8 hombres; en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 7 magistraturas, había 2 mujeres y 5 hombres; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tenía 7 consejerías de las cuales 2 eran mujeres y 5 hombres; finalmente, en los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y los Centros de Justicia Penal Federal, de 1437 personas, las mujeres ocuparon únicamente el 22.5 por ciento de los puestos para la impartición de justicia, en contacto directo con la ciudadanía.

A finales de 2023, esto presenta cambios: de 11 personas ministras, 5 son mujeres; de 5 magistraturas electorales de la Sala Superior, 2 son mujeres; el Consejo de la judicatura federal se integra paritariamente: pero respecto a magistraturas de circuito y personas juzgadoras las cifras decaen a un 23.4 por ciento y 35.8 por ciento, respectivamente; por su parte, en el ámbito estatal, las cifras oscilan entre un 42 por ciento de mujeres, contra un 57 por ciento de hombres en promedio, en los Tribunales Superiores y consejos de la judicatura solamente.

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Esto se debe a que la mayor parte de las mujeres se desempeñan en funciones de personal jurisdiccional de apoyo; secretarías de estudio y cuenta, así como de acuerdo; actuarías y notificadoras, así como personal administrativo y otros cargos.

Dicha situación demuestra que, aun cuando las reformas para el logro de la Paridad en Todo tienen ya casi 5 años de haber sido materializadas, nos queda un largo trecho hacia la igualdad sustantiva que requiere, además de la incorporación de más mujeres a cargos de alta jerarquía y su permanencia, un clima laboral favorable para el desempeño de sus labores, lo cual representa grandes retos y desafíos en general, pero de forma particular para quienes hemos manifestado nuestro compromiso con la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos.