Murillo Karam: un arresto para los titulares

El exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido ayer y conducido al Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. Se le acusa, de acuerdo con la información difundida, de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todos ellos relacionados con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero.

Ignoro -como cualquiera sin acceso al expediente mediante el cual la Fiscalía General de la República obtuvo la orden de captura ejecutada ayer- si existen pruebas para acreditar a Murillo los delitos señalados, sobre todo los dos primeros. Sin embargo, una cosa sí puedo afirmar: el exprocurador no secuestró, ni torturó, ni desapareció a ninguno de los normalistas.

Eso no implica -conviene decirlo rápido y con todas sus letras- asumir la defensa oficiosa de Murillo ni argumentar en relación con la imposibilidad de imputarle la comisión de un delito.

Pero decir lo anterior es absolutamente necesario porque en torno al episodio ocurrido en septiembre de 2014 el reclamo fundamental de las familias es recibir justicia. Y eso implica investigar y castigar a quienes perpetraron los hechos, es decir, a los autores materiales, a quienes secuestraron y ejecutaron a los estudiantes, así como a quienes participaron como autores intelectuales.

El núcleo de la investigación y del proceso de hacer justicia está integrado por la persecución de quienes caen en esta clasificación. Adicionalmente, sin embargo, pudieron cometerse otras conductas ilícitas, sobre todo por parte de los servidores públicos involucrados en la investigación. Se trataría, en todo caso, de delitos conectados de forma indirecta con el caso.

Murillo Karam forma parte de este último grupo y tenerlo claro es relevante porque su arresto y eventual procesamiento no implica esclarecer los hechos ni ofrecer a las familias la posibilidad de cerrar emocionalmente el episodio. La detención sirve -y mucho- en términos mediáticos. Es útil en el proceso de vender la narrativa de eficacia y del cumplimiento de compromisos, luego de conocerse las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con lo dicho por Alejandro Encinas al presentar el informe, la desaparición de los 43 estudiantes fue “un crimen de Estado” en el cual participaron integrantes del grupo delincuencial conocido como “Guerreros Unidos”, así como agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano.

La Comisión para la Verdad ha llegado en este sentido a una conclusión importante: los integrantes de Guerreros Unidos no actuaron solos, sino que contaron con la ayuda de agentes gubernamentales, sobre todo policías, en el secuestro de los estudiantes. De ahí el calificativo de “crimen de Estado”, pues quienes debieron brindar protección se convirtieron en victimarios.

Adicionalmente, “autoridades estatales federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes”, además de haber incurrido en la alteración de hechos y circunstancias.

Insisto: a este último grupo pertenecería Murillo Karam, es decir, al de quienes por perversión, por negligencia, por incompetencia, o por todo junto, no cumplieron con sus obligaciones e incluso habrían intentado ocultar la verdad con algún interés avieso.

¿Es responsable Murillo de aquello de lo cual se le acusa? No lo sé porque para saberlo sería necesario conocer el expediente remitido al juez de la causa. Pero el punto es otro: más allá de los réditos mediáticos obtenidos por el Gobierno de la República con este “golpe”, el crimen cometido hace ya casi ocho años sigue impune.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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