Opacidad, corrupción e impunidad: ese círculo vicioso ‘perfecto’

Digámoslo pronto: Andrés Manuel López Obrador es un individuo absolutamente insuperable como santo patrono de quienes han hecho de la corrupción gubernamental una forma de vida. Los ladrones de lo público tienen en el Hijo Pródigo de Macuspana al más importante impulsor de la corrupción en el último medio siglo, por lo menos.

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Me explico: una de las empresas a las cuales López Obrador se dedicó, con energías dignas de mejores causas, fue la destrucción del INAI, el órgano garante de la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales de la ciudadanía. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, completó la tarea apenas asumir el mandato.

¿Cuál es la relevancia de todo esto?

Aún cuando a estas alturas está muy claro cómo la transparencia no es la única herramienta necesaria para combatir con eficacia la corrupción gubernamental, sin duda se trata de un elemento indispensable. Sin garantías de acceso a la información los “servidores públicos” corruptos (las comillas son inevitables) ya ni siquiera tendrán temor a ser descubiertos en sus trapacerías.

Pero nadie se preocupe, ha dicho la cuatroté: el derecho de acceso a la información seguirá estando garantizado por la Secretaría Anticorrupción comandada por Raquel Buenrostro. ¡Y hasta será mejor! y, sobre todo, como toda promesa de la “nueva” clase política, más barato.

Existe, por desgracia, abundante evidencia en contrario. Quienes dicen ser “distintos”, tener siempre “al pueblo” en el centro de sus preocupaciones y pretender la erradicación de “las lacras” de la política han dado muestras sobradas de ser incluso peores a aquellos a quienes critican.

Por ello, no debemos albergar esperanza alguna en el sentido de ver aparecer, tras la demolición del INAI, un mecanismo cuya eficacia en la tarea de garantizar el derecho de los ciudadanos a saber pueda ser siquiera comparable a la desplegada en su momento por el desaparecido Instituto... con todos los defectos de los cuales fue haciéndose en el camino.

No hace falta ir muy lejos para constatarlo: basta acudir a cualquier página web del Gobierno de la República con la intención de conocer la información pública mínima, es decir, aquella a la cual debemos acceder sin necesidad de pedirla, para tener clara la vocación por la opacidad de la cuatroté.

Los datos -no los de Mister Yo Siempre Tengo Otros Datos, sino los oficiales- no dejan lugar a dudas: las impugnaciones por negativas de las instituciones públicas federales a entregar información a la ciudadanía casi se duplicaron durante el sexenio pasado... porque la transparencia no es lo suyo.

Y sin transparencia, la corrupción es más sencilla, más fácil de ejecutar. Y como, tal como ocurre con cualquier otro grupo político, el morenismo cuenta con sus propias redes de complicidad, orientadas a garantizar la impunidad de “sus corruptos”, entonces el círculo está cerrado.

ARISTAS

Las cosas no están mejor a nivel estatal y eso también debe decirse con claridad. Porque aquí, aunque el ICAI no ha desaparecido aún, actúa como si ya no existiera y hace tiempo ha bajado los brazos. Con la totalidad de sus comisionados -y principales funcionarios- en fuga, el ICAI es hoy una fachada solamente, una entelequia del servicio público en Coahuila.

Pero, tal como ocurre a nivel federal, aquí se repite el mantra: no se preocupen, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas absorberá las funciones del ICAI y seguirá garantizando el derecho a saber. El problema es la triste realidad de dicha dependencia: quien la encabeza, Elma Marisol Martínez González, constituye el epítome de la ignorancia, la incompetencia y el despotismo en el servicio público. Ya nos ocuparemos de este tema en la siguiente entrega.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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