‘Pandora Papers’: la nueva historia sobre paraísos fiscales
COMPARTIR
TEMAS
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), integrado por 600 periodistas y 149 medios de comunicación ubicados en 117 países, reveló ayer un nuevo escándalo sobre “paraísos fiscales” que involucra a cientos de individuos, entre ellos prominentes figuras de la sociedad mexicana y coahuilense.
La investigación está basada en el análisis de casi 12 millones de documentos provenientes de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades offshore en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.
Como ha ocurrido con otras investigaciones basadas en esta filtración de documentos durante los últimos dos años, un puñado de mexicanos ha aparecido en la lista de propietarios de fortunas ocultas que involucra a mas de 300 políticos, 15 jefes de Estado de América Latina –en activo o retirados–, 46 oligarcas rusos y 133 millonarios de la lista Forbes, además de celebridades del mundo del espectáculo, la moda o los deportes.
También han aparecido en ese listado cuatro empresarios y políticos coahuilenses que habrían utilizado el esquema offshore para colocar parte de su fortuna lejos del escrutinio de las autoridades fiscales y evitar así el pago de impuestos en México.
Fernando de las Fuentes Hernández, actual secretario de Gobierno de Coahuila; el empresario minero y senador de la República, Armando Guadiana Tijerina, el exgobernador Enrique Martínez y Martínez y el empresario Antonio Madero Bracho, integrante de la familia fundadora de la empresa Rassini, asentada en Piedras Negras, forman parte de la lista de mexicanos cuyos nombres aparecen en los “Pandora Papers”.
Con independencia de las explicaciones que cada uno de ellos le deba al fisco mexicano, quienes desarrollan actividades públicas se encuentran obligados a ofrecer una explicación puntual de las razones por las cuales sus nombres aparecen en esta nueva revelación.
Lo revelado en esta investigación no es, desde luego, una pesquisa legal, sino una investigación periodística. Pero se trata de una investigación seria, realizada con apego a las más estrictas reglas del oficio. No estamos hablando de trascendidos o de “chismas de café”, sino de evidencia contenida en documentos cuya autenticidad ha sido sometida a revisión cuidadosa.
Quienes poseen una fortuna personal tiene derecho a ello, desde luego. Pero están obligados a cumplir con las leyes fiscales del País y los documentos que han sido puestos al descubierto revelarían que han recurrido a esquemas que implican defraudar al fisco.
Quienes ocupan cargos públicos en este momento, y quienes los han ocupado en el pasado –reciente o distante– tendrían que ofrecer una explicación convincente a la opinión pública, amén de enfrentar las consecuencias jurídicas que deriven de estos descubrimientos.
