Para Claudia Sheinbaum, eliminar a los cárteles también tiene un precio político

Por Mary Beth Sheridan, The New York Times.

Parece que el presidente Donald Trump no puede dejar de amenazar con ataques a los narcotraficantes mexicanos. Ha insistido repetidamente en desplegar tropas estadounidenses en México para “acabar con los cárteles” que trafican fentanilo y otras drogas a través de la frontera. Pero tiene un problema: la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no.

“Es una buena mujer”, dijo Trump a Fox News el mes pasado, y dejó claro que no la incluía en la misma categoría que Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue capturado por las fuerzas estadounidenses y que ahora se encuentra en Nueva York acusado de narcotráfico. La vacilación de Sheinbaum, afirmó, se debe más al miedo que a la complicidad. “Le tiene mucho miedo a los cárteles”, dijo. “Los cárteles gobiernan México; ella no gobierna México”.

Los cárteles de México son, en efecto, muy peligrosos, pero Trump parece no entender qué hace que las redes de delincuencia organizada del país sean una amenaza tan persistente. En los 12 años que he cubierto México como periodista, he aprendido que la fuerza por sí misma no puede acabar con los cárteles. El problema no es simplemente que los grupos de narcotraficantes ataquen al Estado. Es que a menudo forman parte de él. Al igual que otros partidos políticos de México, Morena, el partido de Sheinbaum, tiene múltiples miembros prominentes que enfrentan graves acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Combatir a los cárteles no solo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Sheinbaum, podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México, y enfrentarse a miembros de su propia coalición.

Con la supervivencia política de Sheinbaum en juego, es poco probable que emprenda la guerra total que exige Trump. Carece del férreo control sobre Morena que ejercía su predecesor Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, quien fundó el partido y alcanzó una enorme popularidad gracias a sus modales joviales y a sus programas de bienestar social de gran alcance. Morena está ahora dividida en facciones aliadas con Sheinbaum y AMLO —quien, aunque está nominalmente retirado, aún ejerce una enorme influencia dentro del partido—, separadas más por lealtades personales que por diferencias ideológicas. Avanzar con más firmeza contra los políticos corruptos podría enfrentarla a funcionarios del partido que podrían socavar su autoridad y debilitar a Morena de cara a las elecciones intermedias del próximo año.

Los políticos estadounidenses no han logrado comprender la naturaleza política del negocio del narcotráfico en México. Condicionados por programas como Narcos: México, muchos estadounidenses imaginan un puñado de cárteles dirigidos por pintorescos capos como Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien desafía al gobierno con sus sangrientas hazañas. De hecho, hay pruebas que indican la existencia de estrechos vínculos entre las bandas de narcotraficantes y las autoridades mexicanas desde hace más de un siglo. Bajo el sistema de partido único que gobernó México durante 71 años, los gobiernos locales y estatales habitualmente protegían a criminales favorecidos y encarcelaban a los traficantes rivales a cambio de dinero en efectivo, según el historiador Benjamin Smith. Para la década de 1970, las agencias de la policía federal ya habían asumido el control de muchas de estas redes de protección.

Esta colusión no terminó cuando México pasó a la democracia en 2000, ni cuando el Estado comenzó a librar la llamada guerra contra el narcotráfico en 2006; en todo caso, las líneas se hicieron más difusas. Muchos de los grandes cárteles, como los Zetas y La Familia Michoacana, se fragmentaron después de que sus líderes fueran asesinados o capturados. Los actuales jefes del crimen se parecen menos a ostentosos capos y más a señores feudales, que dominan trozos de territorio en los que no solo trafican drogas, sino que también extorsionan negocios locales, roban petróleo y contrabandean migrantes. Algunas de sus relaciones más importantes han implicado a alcaldes y gobernadores, algunos de los cuales pertenecen a Morena, que no es necesariamente el único partido corrupto, sino simplemente la fuerza política dominante de México.

Para hacerse una idea de cómo funcionan estas redes de protección, basta con mirar a Tabasco, el estado natal de AMLO. Allí, Hernán Bermúdez Requena, un político de pelo ondulado licenciado en Derecho, fue el máximo responsable de la seguridad del estado hasta 2024, al tiempo que, según documentos de inteligencia militar, en secreto ayudaba a dirigir un grupo criminal local llamado La Barredora. Bermúdez, quien al parecer huyó del país poco después de dimitir de su cargo, fue detenido en Paraguay el pasado otoño y se enfrenta a cargos en México por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. (Ha dicho que los cargos constituyen una persecución política).

Aún más sorprendente es la identidad del padrino político de Bermúdez: Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco. López, amigo cercano de AMLO y actualmente senador de Morena, nombró a Bermúdez para el cargo en 2019. Ha dicho que no tenía ni idea de que uno de sus ayudantes más cercanos estaba presuntamente involucrado con criminales, una afirmación que ha generado un gran escepticismo, incluso dentro de Morena.

En otras regiones, los cárteles se han vuelto lo suficientemente poderosos como para obligar a las autoridades a desempeñar un papel servil, y las amenazan de muerte si se resisten. Un alcalde que se enfrentó al crimen organizado, Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre, lo que provocó una protesta nacional. Ya no es tan inusual que los delincuentes luchen abiertamente para instalar a sus propios funcionarios. Antes de las elecciones nacionales de 2024, unos 30 candidatos locales fueron asesinados y cientos más abandonaron la contienda por la presión de los grupos criminales.

¿En qué situación queda Sheinbaum? A primera vista, ha adoptado un enfoque más duro en la lucha contra el crimen que AMLO, primero como jefa de Gobierno de Ciudad de México y ahora como presidenta. Ante las amenazas arancelarias de Trump, ha enviado miles de soldados a la frontera estadounidense para interceptar drogas y migrantes, y ha trasladado a 92 presuntos líderes de cárteles de prisiones mexicanas a Estados Unidos. Su gobierno presume de decenas de miles de detenciones de delincuentes y de un descenso de la tasa de homicidios. En noviembre de 2024, las autoridades detuvieron incluso a un alcalde de Morena, en el Estado de México, a quien se acusaba de trabajar con La Familia Michoacana.

Pero este impulso tiene sus límites. Aunque el gobierno de Sheinbaum ha insistido en su compromiso de “cero impunidad”, habla poco de las estructuras políticas que ayudan a las organizaciones delictivas. Esto puede reflejar no solo sus preocupaciones políticas personales, sino también su conciencia de lo rápido que podría estallar el caos en gran parte del país. Destruir las redes de protección oficiales al deshacerse de políticos y funcionarios de policía corruptos a menudo ha provocado estallidos de violencia, cuando los grupos criminales se movilizan para atacar a sus competidores, que quedan vulnerables. Con cientos de miles de muertos o desaparecidos en dos décadas de guerra contra el narcotráfico, los mexicanos no tienen muchos deseos de un aumento de la violencia.

En los últimos años, figuras de dentro y fuera de Morena han propuesto un denominado proceso de justicia transicional, que utilizaría tribunales y comisiones de la verdad para desmantelar las redes de protección en México y exigir responsabilidades. Un proceso de este tipo podría tener un enorme costo político para Morena. Nuevas revelaciones de irregularidades podrían incluso socavar la legitimidad del partido, que se presenta como un movimiento de justicia social que ha roto con la corrupción del pasado.

Es posible que Sheinbaum no tema personalmente a los cárteles; después de todo, ha seguido recorriendo el país, asistiendo a mítines y actos al aire libre. Sin embargo, es probable que desconfíe de enfrentarse a un sistema de colusión con el crimen organizado, sobre todo cuando su control de Morena, plagado de facciones, es inestable. Con la presión constante de Trump, es posible que se encuentre cada vez más atrapada entre una superpotencia que exige una cruzada y una maquinaria política que sobrevive gracias al statu quo.

Mary Beth Sheridan es periodista especializada en América Latina y miembro del Georgetown Americas Institute. Fue jefa de la corresponsalía en Ciudad de México de The Washington Post de 2023 a 2025. c. 2026 The New York Times Company.